Por: Redacción

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), de la Cámara de Diputados, aseguró que el robo de combustible es una actividad creciente por el número de tomas y en la cantidad total de lo hurtado.

El incremento no es casual, responde a una diversificación sofisticada de distintos grupos delictivos y su organización, no sólo para financiamiento de sus actividades, sino también reditúa a cada individuo que se vuelve partícipe del delito.

Esta práctica obedece a una inconformidad social generalizada por bajos salarios en el campo, el incremento en los precios de las gasolinas, así como a un conjunto de acciones preventivas y de contención laxas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Estado mexicano.

En el documento de trabajo “El robo de combustible: asalto a la nación”, el Cesop precisó que esta actividad, como muchas otras, está reconfigurando las estructuras sociales, ahora vertidas en una dinámica ilegal y clandestina, de la que ya no solamente se ven beneficiados los ingresos financieros del crimen organizado para contrarrestar la fuerza policiaca, sino donde la sociedad ha transformado esta práctica en su modo de vida, fuente de ingresos y cotidianidad.

Relató que en 12 años el número de tomas clandestinas pasó de 102 en 2004 a 6 mil 159 en 2016, en promedio cada hora se perforaron alrededor de 1.5 tomas clandestinas; la diferencia entre 2004 y 2016 representa un incremento de casi 6 mil por ciento con una tendencia evidente a seguir creciendo.

De 2009 a 2012 Pemex perdió 6 mil 966 millones de litros, y de 2013 a 2016 perdió 7 mil 682 millones de litros; tan sólo el volumen hurtado el año pasado fue de 2 mil 282 millones de litros de combustible.

Argumentó que la Procuraduría General de la República (PGR) refiere como entidades que presentan mayor afectación por el robo de combustible a Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, México, Puebla, Jalisco y Sinaloa.

El Cesop mencionó que entre los efectos colaterales de esta práctica, se contemplan las afectaciones ambientales ocasionadas principalmente por los derrames sobre ríos o campos agrícolas, así como otros tipos de accidentes causados por la instalación y manejo de tomas clandestinas como incendios y explosiones causando incluso la pérdida de vidas humanas. Los montos para revertir estos daños son cuantiosos, como también aquéllos destinados a su prevención.

Si bien es cierto que Pemex no es responsable directo de resarcir los daños causados al medio ambiente ocasionados por los derrames de hidrocarburos provocados por las extracciones ilegales en sus ductos, “sí debería estar al menos comprometido con el fortalecimiento de los procesos de prevención a través de una mayor y mejor vigilancia e impulsar la instrumentalización de nuevas tecnologías”.

Ello debido a que desde hace años, el robo de combustible se apuntaba como uno de los problemas más importantes en la producción de hidrocarburos de Pemex pues derivado en menor producción de petrolíferos, alza de la demanda, pérdidas financieras a causa de esta situación, justificando -en parte- el incremento en la importación de gasolina, diésel, gas natural, gas licuado, entre otros.

Añadió que el problema persiste puesto que, mientras la demanda nacional de combustibles, importaciones, precios al consumidor final y tomas clandestinas continúan en aumento, la producción de barriles sigue a la baja; “sin duda algo no se está haciendo bien”.

El Centro de Estudios expuso que el tema amerita una atención pronta e inmediata, pues en tanto la fuga de combustible se contenga lo hará también la de recursos económicos hacia las manos de los delincuentes organizados, “un escape monetario que en principio debería robustecer las finanzas públicas para la promoción y puesta en marcha de diversas políticas y programas sociales”.

El fenómeno de ordeña de ductos de Pemex no se distribuye de la misma forma en todo el país; por el contrario, existen regiones claramente identificadas como focos rojos. En este sentido, la implementación de la más alta tecnología (tanto física como química), así como de una parte de la estadística espacial exploratoria y de comportamiento, son sólo algunas de las opciones que se plantean más viables para complementar otras acciones del gobierno en este combate.

En los informes anuales de Pemex “parece no existir un monitoreo puntual al robo de combustibles, ni siquiera un aproximado”. Las cifras que se presentan, ya sean positivas o negativas, “no se relacionan en ningún momento con dicha actividad” como sí lo hace con la recuperación de precios, la apreciación del dólar frente al peso o el incremento en el volumen demandado debido al desabasto de gasolina.

En este sentido, argumentó, los costos de operación “parecieran estar escondidos detrás del mantenimiento y aumento en los precios de la gasolina, así como en la disminución del aporte al Producto Interno Bruto”.

En el documento, el Cesop puntualizó que en junio de 2017, realizó una encuesta acerca de este tema. Entre los hallazgos más importantes sobresale que la población encuestada sitúa geográficamente aquellos estados de la República en donde supone que existe el robo de combustibles: Puebla (40.4%), Veracruz (24.6%), Estado de México (13.2%), Jalisco (8.7%), Hidalgo (7.9%), Tamaulipas (7.2%), Michoacán (7.1%), Guanajuato (6.9%), Tabasco (5.7%), Guerrero (4.0%), Ciudad de México (3.8%), Chiapas (3.7%); el resto de los estados obtuvieron menos del 3% de menciones.

La población consideró que una de las causas se debe al alza en el precio de los combustibles (27.1%), corrupción/complicidad/colusión (16.2%), desempleo (10.2%), incompetencia de las autoridades (87%), falta de vigilancia de los ductos (7%), crisis económica (5.8%), delincuencia organizada (4.4%), por querer obtener dinero fácil (3.8%), a causa de la pobreza (3.2%), impunidad (2.8%), bajos salarios (1%), pérdida de valores (0.9%), por el fácil acceso a los ductos (0.6%), incremento del dólar (0.4%) y el resto no sabe o no contestó (7.9%).