Por: Redacción/

Esta semana, Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, promoverá una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que entre otras propuestas, busca aumentar las penas de ilícitos ya tipificados, como son el financiamiento irregular y el uso de programas sociales, que además son los más cometidos.

El senador presentará el proyecto derivado de las denuncias registradas ante la FEPADE en el más reciente ejercicio electoral y de cara a los cinco procesos electorales a desarrollarse al interior del país el próximo año.

Desde el inicio electoral en septiembre de 2017 y hasta julio de 2018 la FEPADE recibió aproximadamente mil 104 denuncias por delitos electorales, relativas a la alteración del Registro Federal de Electores a la compra, coacción, manipulación, y uso de recursos públicos, entre otros, de las que más del 60% fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral.

De 2016 a la fecha, la FEPADE ha recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, de las cuales, 40 pertenecen al último periodo electoral.

La intención del proyecto, explicó el senador Monreal Ávila, es proteger en mayor medida la participación política de las mujeres en un entorno que les garantice seguridad para el desarrollo igualitario de sus actividades. Recordó que la violencia política contra la mujer o cualquier persona en razón de su género, se tipifica como delito.

Con la reforma, apuntó, se incrementarán las penas de ciertos delitos y se agravarán algunas de las modalidades en que se cometen, además, quienes incurran en ellos no podrán acceder fácilmente a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, lo que contribuirá a desincentivar su realización. Se incrementan las penas respecto de conductas que impliquen la alteración del Registro Federal de Electores, se señala en la iniciativa.

La propuesta propone también tipificar conductas que no se incluyen actualmente en la ley, o bien se precisan de mejor manera y adaptan a las necesidades actuales de protección de bienes jurídicos, como la protección a los sistemas informáticos que se emplean por las autoridades electorales.

Respecto de los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales y partidistas, se plantea agravar determinadas conductas que lesionan la equidad de los procesos, así como contemplar la sanción de conductas en periodos de intercampañas que no se encuentran previstos en la ley.

Se incluye a los candidatos independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.

Se destaca en la propuesta, establecer conforme a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, al menos un Juzgado de Control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre sí.