Por: Redacción/

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, llamó a los diputados a que hagan un “ajuste racional” a la minuta, para tipificar la evasión de impuestos y la facturación falsa como delincuencia organizada, sin que se criminalice a los buenos contribuyentes.

En declaraciones a la prensa, aseguró que la Coparmex apoya categóricamente el combate frontal a las empresas “factureras”, es una competencia desleal, una actividad criminal y tiene que ser erradicada del país”.

Sin embargo, destacó que no se debe criminalizar a los pequeños, medianos o grandes contribuyentes que, de manera accidental o involuntaria, reciban una factura emitida por este tipo de empresas.

De Hoyos Walther hizo un llamado a los diputados para que en la discusión de la minuta del Senado “no haya mayoriteos ciegos, sino que imperen los argumentos. Y los grupos mayoritarios tengan espacio para ajustar, reconociendo que en la extensión (los empresarios) estamos de acuerdo” en la propuesta.

Afirmó que la postura de la Coparmex no es antagónica a la del gobierno federal, pero debe de haber “un ajuste racional” a fin de consolidar los objetivos de ambos, de aumentar la recaudación y evitar la evasión fiscal, pero manteniendo la certidumbre de los contribuyentes.

“Estamos a favor de que se persiga con todo el peso de la ley a quien hace de la emisión de facturación una actividad que va en contra del patrimonio público y del régimen tributario, pero no se puede juzgar a justos por pecadores y asimilar que todos los contribuyentes somos parte de una organización criminal”.

Consultado sobre la revocación de la suspensión definitiva que se había otorgado a un colectivo para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto en Santa Lucía, de Hoyos Walther pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y emita una solución de fondo.

Consideró que no se pueden echar para abajo las suspensiones de un juicio de amparo por razones de seguridad nacional, tal y como lo ratificó el Juez Quinto de Distrito al evitar que se frenaran estas obras.

“Hay una chicanada legal clara que tiene que ver con esta categorización que se hizo de la instalación de Santa Lucía como una instalación estratégica, es evidente, no es una suposición. Y fue precisamente ésto y las declaraciones que se dieron reiteradamente por el titular del Ejecutivo, lo que, en buena medida, determinaron la variación del criterio del juez”.

Confió en que la SCJN atraiga el caso, ya que el asunto amerita un análisis más profundo.

Dijo que sería “un gravísimo error” demeritar el instrumento jurídico como el amparo, el cual ha permitido que haya correcciones en decisiones infortunadas por parte de los gobiernos.

“Hay que mantener vigente, vibrante y exitoso el amparo en México, hay que mantener la capacidad del Poder Judicial de la Federación, para hacer un equilibrio cuando hay decisiones y leyes arbitrarias y no abrir el camino por la puerta falsa de la seguridad nacional”, manifestó.