Por: Redacción/

La crisis de derechos humanos que experimenta México debe ser comprendida, explicada y desentreñada de manera urgente para que los graves sucesos que ocurren en el territorio nacional cotidianamente no sean naturalizados ni asumidos como un destino inalterable, sostiene la doctora Diana Margarita Favela Gavia.

En el artículo Neoliberalismo y movilización ciudadana: dos eslabones perdidos en la comprensión de la crisis de derechos humanos en México, publicado en el número 206 de la revista El Cotidiano, editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enfatiza la necesidad de indagar en los mecanismos institucionales, prácticas políticas y sociales y factores económicos y culturales que generan estos sucesos, con el fin de avanzar en la construcción de la democracia.

Dos factores importantes forman parte del entramado que sostiene la violación masiva de los derechos humanos: la creciente movilización de sectores populares motivada por la transición incompleta y la necesidad de recuperar los recursos y garantías que el neoliberalismo arranca y que generan estancamiento, aguda concentración de la riqueza, desigualdad extrema y mayor conflictividad social.

El otro factor es la importancia que tiene el aparato estatal en la implementación del neoliberalismo, pues la marcha de la globalización exige a las empresas fincar sus posibilidades de competencia en la reducción de los costos y la ampliación de sus escalas de operación.

Esto, agrega, es lo que está detrás del proceso de concentración de los recursos en manos de las empresas más grandes y de la pulverización de las medianas y pequeñas al punto de convertir la economía en un mar de pseudoempresas, controlado y dirigido por un puñado de grandes consorcios que, por otro lado, no han garantizado el crecimiento del producto, el del empleo ni la estabilidad macroeconómica.

La académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades sostiene que para llevar a cabo un proceso de transformación estructural es esencial el control del aparato estatal, pues no sólo es desde allí que se promulgan, instauran y legitiman los cambios, sino que además se controlan los medios para garantizar que la resistencia social a esta dinámica de despojo masivo y el enriquecimiento súbito y desmedido de una minoría puedan avanzar y tener éxito.

No existe una relación unívoca entre instituciones y prácticas políticas, pues mientras el cambio institucional puede ir en el sentido de la democratización, las conductas desplegadas por los grupos poderosos revelan la abierta resistencia a seguir el mismo rumbo, acentuando el recurso de la violencia como medio de control social.

Así, señala la miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es como la creciente movilización social, incentivada por los daños en las condiciones materiales de vida y los cambios alcanzados en el orden institucional, se enfrenta a una respuesta autoritaria y violenta de las élites para mantenerse en el poder.

Al revisar las movilizaciones de los años recientes es posible advertir cómo se ha acentuado la articulación del contenido reivindicativo, material de las luchas, con la exigencia de respeto a los derechos sociales, como freno a los embates cada vez más intensos y amplios de las políticas neoliberales del capitalismo globalizado.

En este proceso, afirma, se va construyendo ciudadanía; luchas cuyo detonante inicial era meramente defensivo, van dando paso a reivindicaciones cívico-políticas que enarbolan derechos ciudadanos, hasta no sólo cuestionar el carácter excluyente de las políticas públicas que integran el proyecto de desarrollo neoliberal, sino brindar propuestas alternativas al mismo.

Esta gravedad explica que sean las organizaciones defensoras de derechos humanos las que de manera más persistente y sistemática se han creado y han desarrollado en la llamada transición mexicana.

El incremento en la movilización ciudadana ha sido acompañado por un impactante agravamiento en la violación de las garantías y la importancia que ha adquirido su defensa dentro de la congregación social es reveladora de que la liberalización política es insuficiente, pues está en peligro de persecución y de muerte cualquier ciudadano que denuncie abusos o busque defender sus derechos o los de otros.