Por: Redacción/

Una amplia explicación del crecimiento exponencial de la violencia ligada al crimen organizado y la fuerza del Estado mexicano en la última década aporta libro de la doctora Miriam Bautista Arias, presentado en la 31 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2017.

Cateos sin orden de aprehensión, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y situaciones relacionadas con estos hechos son narrados por sobrevivientes o cercanos a ellos para reflexionar sobre el peligro de que la Ley de Seguridad Interior sea promulgada en el país.

De acuerdo con la doctora Rosa Margarita Zires Roldán, profesora de la Unidad Xochimilco de la UAM, El murmullo social de la violencia en México, la experiencia de los sujetos afectados por la guerra contra el narcotráfico adquiere gran relevancia histórica con la reciente aprobación de esa legislación en la Cámara de Diputados al reconstruir en los niveles micro y macro el contexto social, político, regional y nacional, enmarcando las versiones de voces anónimas o desconocidas afectados profundamente en su vida cotidiana.

El trabajo de la doctora Bautista Arias, docente de la Maestría en Comunicación y Política de esa sede, condensa cuatro años de una minuciosa investigación bibliográfica y hemerográfica que dota de sentido las experiencias individuales recabadas en entrevistas a profundidad de quienes demostraron un fuerte compromiso político y ético contra el miedo o el riesgo que significó compartir su historia como testigos e incluso víctimas.

“Presenta un mapa de la violencia experimentada en el territorio nacional a causa de las relaciones complejas de enfrentamiento y complicidad entre agentes del Estado y del crimen organizado” y pone énfasis en cómo el negocio del narcotráfico se ha desarrollado y su influencia en la división del trabajo, cómo se originó esta lucha en los estados de Michoacán y Guerrero, y su papel en el plano global.

“Grupos armados se disputan el control de comunidades enteras a las cuales hostigan y reclutan tanto productores de droga como miembros de los cuerpos delictivos”, y recordó la declaración de guerra abierta contra los cárteles por el gobierno federal panista en 2006 llevando al ejército a las calles y estableciendo un Estado de excepción.

Esa presencia militar, sostuvo Zires Roldán, debe verse como una continuación clara de la guerra sucia contra la guerrilla en esas entidades. Entre las opciones elegidas por los habitantes se encuentra la migración forzada, la auto-reclusión, el auto-cuidado, la creación de redes entre amigos y familiares para compartir información con el fin de mantenerse seguros e, incluso, la negociación con los propios integrantes de la delincuencia organizada.

Morelos y Estado de México son dos de las regiones centrales más ricas del país con una explosión demográfica significativa, pero con un fuerte desempleo, donde se presentan casos de procesamientos de drogas sintéticas, ya que allí se han asentado los centros de operación de la delincuencia, dando paso a un enorme mercado interno.

En esos territorios “el Estado no declaró ninguna guerra ni mandó al ejército a las calles para combatirlo, en cambio hay muchos testimonios de víctimas de violencia. También se reportan capturas y asesinatos de capos, en algunas regiones se suspendieron las garantías individuales, por ejemplo, de libre tránsito, violación a derechos humanos en cateos y detenciones arbitrarias”, advirtió la especialista.

Los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua son descritos como regiones de auge económico, dotados de industrias maquiladoras, zonas francas y polos de atracción para la migración que se convirtieron en zonas de trasiego de drogas para el país vecino del norte, donde las organizaciones buscan exterminarse a plena luz del día para controlar las fronteras.

La académica del Departamento de Educación y Comunicación indicó que la autora logra transmitir la descomposición del tejido social y la significación de la violencia por los ciudadanos, permitiendo “tomar contacto con los efectos de la militarización y la utilización equivocada de las fuerzas armadas en funciones policiacas”.

“La Ley de Seguridad Interior vendría sin duda a legitimar la actuación de las fuerzas armadas, pero también la violación sistemática de derechos humanos, pues no combate el problema para el que fue lanzada la política dirigida a fortalecer el Estado y la seguridad en la convivencia social, además de que todas las estadísticas fundamentan el fracaso de esa medida”, concluyó.