Por: Redacción/

El desahogo de casi 200 solicitudes de juicio político en el último periodo de la LIII Legislatura depende exclusivamente del PRI y sus aliados, que forman mayoría y tienen la copresidencia de la Subcomisión de Examen Previo; al mantener en parálisis su trabajo, abonan a la impunidad, afirmó el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano.

El secretario de la Comisión de Gobernación urgió a todas las bancadas a no permitir más impunidad de ex funcionarios públicos que se escudan en el fuero constitucional para evadir la aplicación de la justicia, algunos de ellos del PRI que fueron arropados por su bancada y sobre quienes hay procesos judiciales abiertos, como es el caso de los ex colaboradores de Javier Duarte.

Exhortó a la copresidencia de la Subcomisión de Examen Previo, a cargo del PRI, para que convoque a los trabajos que permitan depurar 197 expedientes registrados al 22 de mayo del año pasado.

“El combate a la corrupción y a la impunidad no debe quedar sólo en discursos e intensificarse como buena intención en campañas, sin embargo, el PRD le toma la palabra a todos los precandidatos para que vayamos a fondo en esa materia, en la Cámara de Diputados hay un gran pendiente y depende del PRI resolverlo”, sostuvo.

Lo mismo ocurre con nombramientos básicos para que comience a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Definir el relevo en la Auditoría Superior de la Federación es clave, porque es ahí donde, como vigilantes del ejercicio del erario público, tenemos los primeros indicios de actos de corrupción, abundó.

Hernández Soriano recordó que la falta de voluntad política para combatir la impunidad se reflejó en la necesidad de acudir al Poder Judicial y ampararse para la protección de sus derechos ciudadanos, lo que derivó en que se ordenara a la Subcomisión de Examen Previo iniciar sus trabajos después de 13 años de no atender las demandas de juicios políticos.

Correspondió a esta Legislatura iniciar la depuración de los expedientes, “pero hubo resistencias y ahora estamos en la misma situación de inactividad”, ya que de 364 solicitudes de juicio político se depuraron 167 casos.

El diputado del PRD recordó que otro ejemplo de falta de voluntad política, es el freno a la demanda de juicio político que el 28 de julio del año pasado presentó en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien a pesar de propiciar un multimillonario daño al erario público como funcionario público es protegido desde el Ejecutivo federal, incluso buscan cómo mantener su impunidad con fuero legislativo una vez que concluya el actual gobierno, expuso.