• La diputada Dulce María Sauri resaltó que el ejercicio de Parlamento Abierto es parte del cumplimiento del plazo constitucional de 30 días naturales para analizar, discutir, dictaminar y votar la iniciativa preferente

Por: Redacción/

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, subrayó que el Parlamento tiene la responsabilidad histórica de discutir a profundidad la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal el pasado 1 de febrero, ya que tendrá impacto en la posibilidad del país para cumplir el Acuerdo de París, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el T-MEC.

Al participar en la inauguración del Parlamento Abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, consideró que el tema levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, pero sobre todo estará en el debate el bolsillo de las familias mexicanas, que por la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz.

Estimó que las grandes preguntas que estarán presentes en el Parlamento Abierto son ¿Cómo generar la energía eléctrica que necesita al país para crecer? ¿Cómo garantizar un suministro eléctrico seguro, abundante y de bajo costo para las familias mexicanas? y ¿Cómo hacerlo cuidando el medio ambiente?

También surgirán cuestionamientos sobre si se está pensando en construir nuevas centrales hidroeléctricas, en qué estados, con qué presupuesto y en cuánto tiempo.

Una primera respuesta, comentó, es impulsar las energías limpias y convertir la fuerza del sol, viento, agua y vapor del subsuelo en energía eléctrica.

La diputada presidenta mencionó que una solución que han seguido otros países es construir parques eólicos y solares con tecnología de punta para producir energía económica y amigable con el medio ambiente. Justo en la pandemia, países europeos y Estados Unidos han logrado días donde la mayor parte de su consumo energético proviene de la generación limpia.

Todo esto, continuó, requiere una firme rectoría del Estado, y en los países desarrollados tanto el regulador energético, como el despachador del sistema eléctrico son entes públicos, técnicos y autónomos que establecen las reglas del juego para la participación de los sectores privado y social.

“También es cierto que México tiene en la CFE una potente empresa estatal que cumple las funciones estratégicas de transmitir y distribuir la energía eléctrica; además, es el principal generador y comercializador de energía eléctrica del país”, expuso.

Destacó que México cuenta con importantes centrales hidroeléctricas que aprovechan los principales ríos del país. Y la iniciativa preferente reconoce su importancia.

“Pero también es verdad que el sector eléctrico se ha abierto a la competencia a las actividades de generación y comercialización siguiendo el principio de economía mixta que fija la Constitución en su artículo 25”, agregó.

No obstante, puntualizó, el éxito del empeño de llevar electricidad a los hogares se registró en el Censo de Población y Vivienda 2020, cuyos resultados dio a conocer el INEGI, ya que más del 98 por ciento de la población cuenta con este servicio.

Dijo que en sí misma la iniciativa es importante y más aún si se analiza desde la perspectiva del futuro energético, porque el cambio climático es una realidad que golpea al orbe. “Inundaciones y sequías, duros inviernos y lluvias torrenciales recuerdan la urgencia de cumplir de manera plena el Acuerdo de París, de lo cual celebramos el reingreso de Estados Unidos a ese Acuerdo mundial para salvar al planeta”.

Los plazos para atender la iniciativa preferente

La diputada Dulce María Sauri resaltó que el ejercicio de Parlamento Abierto es parte del cumplimiento del plazo constitucional de 30 días naturales para analizar, discutir, dictaminar y votar la iniciativa preferente que el Ejecutivo Federal envió el 1 de febrero al Congreso.

La tarea de esta Cámara, subrayó, deberá concluir ineludiblemente antes del 2 de marzo, para que posteriormente la colegisladora, como Cámara revisora disponga de 30 días para culminar el proceso de esta reforma.

Refirió que los apretados plazos no serán obstáculo para hacer un trabajo a conciencia de revisión y análisis, tampoco impedirán que las voces y puntos de vista sean escuchados y, espero, tomados en cuenta por la Comisión para integrar el dictamen.

“Espero que el Parlamento Abierto contribuya a tomar las mejores decisiones sobre la iniciativa y para ganar el futuro con energía suficiente, limpia y barata para México”, concluyó.