Por: Redacción/

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, emplazó a la Secretaría de Gobernación y a la administración de Enrique Peña Nieto, a cumplir con su función de garantizar la seguridad y un ambiente de paz a la población en general y a los candidatos y candidatas a puestos de elección popular rumbo a los comicios de julio; aclaró que ello no es función de los jerarcas religiosos.

Luego de que el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza revelara públicamente que solicitó a integrantes del crimen organizado ya no asesinar a más candidatos a puestos de elección popular en la región y aceptaron a cambio de que no se repartiera dinero particular y que cumplan lo que prometen (trascendió que dichos encuentros se han dado desde el año pasado para pedir también para que no haya más homicidios de sacerdotes); Zambrano Grijalva precisó que el jerarca actuó conforme a sus convicciones religiosas; pero la responsabilidad de que la violencia no siga sucediendo es del Estado mexicano.

“Es preocupante que amplias zonas del país siguen estando controladas o, por lo menos, asediadas por el narco, atemorizando a la población y prácticamente queriendo imponer y hacer valer su ley… El caso del obispo de Chilapa no es más que una expresión de la situación que se vive en regiones particularmente de la montaña media de Guerrero donde han masacrado, desaparecido a una enorme cantidad de gente, algunos de ellos –incluso- aspirantes a candidatos (mujeres entre ellos), familias enteras, etcétera”.

“El obispo de Chilapa –añadió el legislador- está en su derecho (dentro del marco de lo que él entiende de velar por darle tranquilidad y paz a la población), de hacer lo que considere que esté al alcance de sus propias convicciones religiosas; pero la autoridad: Gobernación, el gobierno mismo del estado, todo lo que tiene que ver con la acción punitiva del Estado mexicano, ésa es su responsabilidad: combatir a las bandas del crimen organizado” enfatizó.

Zambrano Grijalva dejó en claro que es una situación distinta para Gobernación. Planteó que situación muy distinta con el Secretario de Gobernación; Alfonso Navarrete quien –recalcó- no tiene por qué hacer lo que el obispo: “No hay ninguna razón para que el Estado mexicano, en cualquiera de sus niveles, tenga que pactar con los criminales, con los que están azotando contra la población y están atentando contra su seguridad: “Ahora sí, digamos de esta manera: A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”

Aclaró que al Obispo de Chilapa “no se le podría imputar alguna responsabilidad porque él, en todo caso, puede buscar hacerla de mediador entre quienes están azotando a la población y la propia población; pero la responsabilidad de que haya campañas y elecciones tranquilas en un clima de paz y seguridad para los candidatos, partidos y la sociedad, es del Estado.

“El jerarca está en su derecho de buscar jugar su papel en lo que él entiende que puede hacer, pero él no es autoridad estatal, aquí hay una clara separación entre el Estado y las iglesias; el Estado laico, afortunadamente, sigue vigente y hay que hacerlo que continúe así. La o las iglesias pueden hacer lo que consideren que está a su alcance, pero no pueden suplantar la autoridad del Estado para dar seguridad a la población”, concretó.

Finalmente, Zambrano Grijalva se refirió a los acuerdos que Gobernación busca con los institutos políticos y autoridades electorales para que México tenga procesos en paz y orden. Expuso que si bien los partidos que conforman la coalición “Por México al Frente” se retiraron de las mesas de diálogo por la embestida que se emprendió desde el gobierno federal contra el candidato Ricardo Anaya; el PRD no está por la confrontación y mantiene su postura para que las campañas se desplieguen en un ambiente de civilidad.

“Corresponde a las autoridades la tarea en establecer un protocolo de seguridad para los candidatos y que se frene la ola de crímenes contra aspirantes y funcionarios del gobierno en sus distintos niveles”, enfatizó.

Planteó que Alfonso Navarrete, titular de Gobernación, como responsable de la política interior del país está obligado a sacar adelante los acuerdos que ayuden a que la autoridad electoral desarrolle su tarea de organizar y llevar a cabo la elección y -como parte de ello- a que se desplieguen campañas en de un marco de paz, tranquilad y seguridad para las y los candidatos, así como para la población que asiste a los eventos.

“Otra cosa es la posición de los partidos políticos, especialmente de la coalición “Por México al Frente”, que decidieron no estar presentes en las mesas de concertación con Gobernación en la medida en que desde el gobierno se estaban lanzando ataques contra nuestro candidato Ricardo Anaya, violando el principio básico, elemental, constitucional de imparcialidad para elecciones democráticas y libres”.

Si estos asuntos terminan resolviéndose bien, nosotros como PRD, como partido integrante de la coalición que apoya la candidatura de Ricardo Anaya, no estamos en la actitud del pleito por el pleito, sino de contribuir a que haya un ambiente de tranquilad, de paz y de seguridad para todo mundo, finalizó.