Por: Redacción/

El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que justicia a las víctimas y
agraviados, persecución de los delitos, seguridad, respeto a los derechos humanos y su
restitución si son violentados son la clave para la consolidación del Estado Democrático de
Derecho, ya que sin ellos la justicia es mera retórica discursiva.

Reconoció que la inclusión de esos derechos en la Constitución no ha sido garantía de su
respeto y aplicación efectiva, y tampoco ha prevenido violaciones a los mismos, por lo cual
llamó a eliminar los obstáculos que impiden la cercanía entre las normas jurídicas y la sociedad
para lograr que los derechos, su respeto, defensa y garantía formen parte de la realidad
cotidiana de las personas.

Al participar en la inauguración y bloque de discusión del Cuarto Foro de Debate “Derechos
Humanos y Justicia en México. Entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles”, que se
llevó a cabo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM, Unidad León, aseguró que
no es posible pretender la vigencia de los derechos humanos si no se realizan adecuaciones
institucionales, administrativas y se destinan recursos económicos para que tales
disposiciones sean operativas.

Sostuvo que la vigencia de los derechos no debe quedar en el ámbito discursivo, ya que deben
materializarse, para lo que se requieren recursos y ministraciones en forma oportuna y
suficiente. Las políticas presupuestarias, dijo, deben tener enfoque de derechos humanos,
para que los recursos públicos se destinen de manera racional, transparente y efectiva a lograr
que tales prerrogativas sean realidad.

Tras señalar que México tiene institucionalidad débil, que precisa desvincular la integración y
operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole,
puntualizó que requerimos estructuras públicas profesionales de administración, capacitadas,
que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su disposición de servicio, operatividad
y eficiencia, y una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y
de rendición de cuentas.

Ante el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; Laura Susana Acosta Torres, Directora
de la ENES Unidad León; Leonardo Lomelí Vanegas y Leopoldo Silva, Secretario General y
Secretario Administrativo de la UNAM, respectivamente; y los investigadores Karina
Ansolabehere, Rolando Cordera Campos y Mario Luis Fuentes Alcalá, reunidos en el Auditorio
del Centro de Información de la ENES Unidad León, González Pérez afirmó: “los presupuestos
deben transformarse para ser uno de los ejes articuladores de las acciones que materialicen
los derechos de las personas en nuestro país; sin ello, la planeación y coordinación de
acciones se limita y dificulta”.

Agregó que la sociedad percibe divorcio entre lo previsto por las normas y la realidad, donde
la inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, desigualdad, pobreza y exclusión que se
enfrentan han hecho que los derechos se asuman como postulados teóricos o doctrinales
ajenos o lejanos a la realidad de las personas.

Al participar en el bloque de discusión, González Pérez se pronunció por el fortalecimiento en
la implementación del nuevo sistema penal y aseguró que contar con una justicia pronta y
expedita que posibilite la protección y restitución de los derechos es uno de los grandes retos,
ya que contribuye a la plena vigencia del Estado de Derecho y se vincula con el progreso y
desarrollo nacionales.

El Ombudsman nacional refirió el Latinobarómetro 2017, elaborado anualmente por la Organización no Gubernamental del mismo nombre, que revela la percepción de los habitantes de la región sobre temas relacionados con la democracia, economía y seguridad de sus países, y respecto de residentes en México revela que el 10% manifestó no sentir temor constante de ser víctima de un delito; 90% estimó que el país se gobierna en beneficio de “unos cuantos”; y 27% señaló que se ha progresado en la reducción de la corrupción.

Expuso que para acceder a la justicia pronta y expedita se requieren voluntad política y
adecuaciones normativas, institucionales y operativas para hacer efectiva la protección a los
derechos, optimización de recursos presupuestales, materiales y humanos, así como
empoderar a las personas como titulares de derechos y evitar su revictimización, que en no
pocas ocasiones agrava su vulnerabilidad.

El Rector Enrique Graue indicó que a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y 101 años de que en nuestra Constitución se incluyeran los derechos sociales, y
siete de la Reforma de 2011, en México todavía estamos lejos de cumplirlos a satisfacción.
Entrevistado por medios informativos, el Ombudsman nacional enfatizó que el reto que
enfrentamos como país es el cumplimiento de los derechos humanos, que se cumpla lo que
dicen las leyes y los tratados internacionales, y puntualizó que los aspirantes a puestos de
elección popular deben asumir como premisa la defensa de los derechos fundamentales y
comprometerse en favor de la dignidad de las personas.