Por: Redacción/

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, manifestó el compromiso absoluto de todos los grupos parlamentarios de respetar la autonomía universitaria. Afirmo que “no hay ninguna duda y tenemos la convicción en ello, no va a haber ni un paso atrás”.

Durante la Mesa III “Normales y Educación Superior”, de las Audiencias Públicas en materia educativa, el legislador pidió a todas las universidades del país tener confianza, porque “la autonomía va más allá de los partidos y es, sin duda alguna, uno de los baluartes en nuestro país; vamos a mantenerlo, reforzarlo y respetarlo siempre”.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, consideró que las modificaciones a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, que envió el Presidente de la República, son producto de la movilización social de las y los maestros que sufrieron inclemencias y represión.

También de una consulta profunda a nivel nacional, que recogió múltiples opiniones, que intenta transformar, precisamente, el marco para la educación y, en particular, para las normales y la superior en su conjunto.

Saludó que en la discusión de esta iniciativa se encuentren maestras, maestros y estudiantes, particularmente, cuatro alumnos de Ayotzinapa.

Dijo que es necesario lograr que la educación universitaria sea integral, porque actualmente no lo es, y generarla en el artículo 3º constitucional.

Sobre el término de excelencia en la educación, comentó que el concepto surgió de la parte más radical del magisterio y se debe volver a discutir y ponerlo en el centro del debate.

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirmó que es necesario considerar el impacto financiero que tendrá la gratuidad en las finanzas de las instituciones públicas de educación superior, ya que podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos por año.

“Dichas instituciones cobran cuotas a los estudiantes por los servicios que imparten, en un rango muy amplio, incluso en algunos montos que reciben por este concepto pueden significar hasta el 30 por ciento de su presupuesto.”

Indicó que de eliminarse las cuotas estudiantiles, sin compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuido el apoyo a los propios estudiantes y se agravará la problemática financiera de las instituciones públicas de educación superior, que ya de por sí algunas de ellas tienen problemas severos.

Valls Esponda se pronunció por restituir la fracción VII del artículo 3°, y establecer que las universidades y demás instituciones de educación superior públicas se regirán por sus leyes específicas.

Mencionó el compromiso de la Cámara de Diputados, en el sentido de corregir la omisión de dicho precepto, que reconoce la autonomía de la educación superior, la cual implica “un ejercicio pleno de responsabilidad para cumplir las tareas sustantivas en beneficio de la sociedad”.

Dejó claro que la ANUIES expresa su compromiso de no escatimar ni tiempo ni energía para sumarse al esfuerzo del Congreso de la Unión y del gobierno federal para transformar la educación, y apoyar la puesta en marcha de políticas públicas de nueva generación, a fin de construir un México en paz, justo y próspero.

El presidente de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas, Leonardo Germán Gandarilla, destacó la voluntad de que permanezca la autonomía universitaria. “Es importante mantener todas las capacidades que tienen para administrarse, dirigirse y seguir formando la juventud de nuestro país”.

Precisó que las Universidades Politécnicas atienden a más de 102 mil estudiantes, en 62 universidades que se encuentran en 26 entidades federativas. Agregó que el 70 por ciento de esas escuelas se localizan en municipios con mayores carencias, y son la institución educativa que ofrece formación para que los jóvenes puedan tener acceso a la movilidad social.

Manifestó que si se pretende incrementar la matrícula en educación superior e impulsar programas educativos novedosos y vinculados con las grandes necesidades sociales y económicas de nuestro país, las universidades politécnicas, al igual que las tecnológicas, deben ser prioridad y tratadas con equidad en el ámbito presupuestal. “Buscamos que se retribuyan 300 millones de pesos a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas”, añadió.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, destacó el compromiso y la labor fundamental de los integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales, para tomar nota de las propuestas.

“Es un trabajo arduo para construir el mejor dictamen y, sobre todo, un marco jurídico legítimo, confiable, eficiente y eficaz acorde con las realidades de México, que beneficie a las niñas, niños y jóvenes”.

Recordó que la reforma de 2013 se aprobó en 10 días; “no se escuchó ni una sola voz en la Cámara de Diputados, y hoy queremos hacer las cosas distintas, por esos hemos planteado siete audiencias públicas”.

Por el PT, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, secretario de la Comisión de Educación, afirmó que la reforma educativa es la más importante que puede implantar el gobierno federal; por ello, antes de redactar cualquier dictamen “necesitamos escuchar a profesores, estudiantes, padres y a todos los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, donde los más valioso son las niñas, niños y jóvenes”.

Consideró toral analizar la situación de las normales y la educación superior. Lamentó que en la anterior reforma educativa se atendieran más los derechos laborales que un cambio de fondo en la forma de enseñar, se criminalizara a las normales y recayera en los maestros toda la responsabilidad del aprendizaje. Se pronunció por no regatear recursos a la educación y transparentar su ejercicio, porque la mejor inversión es en la formación académica.

El secretario de la Comisión de Educación, diputado Azael Santiago Chepi (Morena), ratificó la premisa fundamental de defender la educación pública, gratuita y laica, más allá de asuntos partidistas y posiciones ideológicas. “Hoy tenemos la enorme oportunidad de proponer, sugerir y analizar esta iniciativa de reforma” con el concurso de todos.

Se congratuló por la presencia de los representantes normalistas y universitarios, ya que el objetivo es escuchar sus propuestas, las cuales, aseguró, estarán contempladas e integradas en el dictamen. Se vive un momento histórico con el análisis y conociendo las proposiciones de los sectores, lo que no se hizo en la anterior reforma.

El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), secretario de la Comisión, afirmó que “no podemos regresar al pasado y tampoco podemos seguir como estamos, de ahí la exigencia de una verdadera reforma educativa que no quede en lo laboral y lo administrativo”.

Reiteró el compromiso de lograr un dictamen a favor de niñas, niños y jóvenes y de defender la educación pública, gratuita, laica, universal, democrática y equitativa. “Por eso este ejercicio de parlamento abierto y de audiencias públicas, para poder enriquecer el proyecto de reforma”.

Aseguró que se reivindicará el trabajo del magisterio y vamos a dejar atras la criminalización de los maestros, con una nueva reforma educativa, pero gracias a un gran consenso nacional, donde logremos un verdadero pacto con la sociedad, maestros, padres de familia, estudiantes y toda la comunidad educativa”. Destacó la importancia de las opiniones y propuestas de quienes participan “porque no es cualquier cosa lo que va a quedar plasmado en la Constitución”.

En su turno, Imanol Ordorica Sacristán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, sostuvo que en el proceso de cambio educativo es necesario invertir. Se necesitan 14 mil millones de pesos al año para establecer la gratuidad, indicó.

Consideró que tiene que haber coherencia, por lo que no puede ser que la Secretaría de Hacienda plantee un proyecto de nación que no corresponde con el del gobierno federal. Se apruebe la obligatoriedad y se recorten presupuestos, son los mismos argumentos neoliberales”.

Cuestionó el concepto de excelencia vinculado a la productividad y medición que no tiene cabida en la educación, porque sustituye el proceso de enseñanza por el evaluativo. “Es una palabra que incluye mecanismos de mercado y no puede ser que el proyecto educativo de un gobierno que se reclama como popular quiera incluir en el artículo tercero constitucional, los términos de excelencia ni calidad. No hacen falta”. Rechazó argumentos de clase paras regir el sector.

Por su parte, Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), destacó que de aprobarse la iniciativa como está, dentro de cinco años se tendrán tres cuartos de millón de jóvenes graduándose todos los años. ¿Tendremos empleos dignos para ellas y ellos con salarios suficientes”, cuestionó. Por ello, propuso establecer políticas públicas que apoyen el desarrollo del empleo provisional mejor pagado, ya que 500 mil alumnos se gradúan en licenciatura cada año registrándose altos niveles de desempleo y subempleo con pago insuficiente.

“Lo más importante es que la gratuidad se asegure y llegue a los estudiantes que tienen realmente una necesidad económica”. Pidió definir si la gratuidad será para todos; actualmente alrededor de 300 mil jóvenes de familias con ingresos mayores estudian en universidades públicas. La universalidad y gratuidad de la educación superior no deben ser metas por sí mismas, sino herramientas para apoyar la equidad en el acceso.

Alibert Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Puebla resaltó el rezago y exclusión de los pueblos indígenas en la educación superior, sólo 4.7 por ciento posee una licenciatura. Por ello, propuso enseñanza bilingüe y multilingüismo desde preescolar hasta el nivel superior, respetando y preservando bagaje cultural e histórico.

Urgió a contemplar políticas transversales de la interculturalidad que aliente el acceso, gratuidad y evitar la deserción. Solicitó que Conacyt mandate a todas las instituciones que ofrecen posgrados acepten las lenguas originarias para acreditar un segundo idioma, no sólo el inglés y francés como sucede ahora.

Martha Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya, Guanajuato, apuntó que la iniciativa no incluye a la familia como agente educativo inicial. Pidió reconsiderar que la enseñanza no solamente sirve para emplearse; sino es un derecho humano para desarrollar facultades y talentos. Es necesario, dijo, que las dos cámaras del Congreso revisen la propuesta presidencial y se tome en cuenta las propuestas de destacados mexicanos, universidades, asociaciones de padres y organizaciones civiles vinculadas al sector.

Llamó a la actual administración federal a reconocer los avances logrados anteriormente, atender los pendientes y déficits que no se han incluido en la legislación, porque no es posible que cada sexenio se pretenda rehacer la política educativa. Advirtió que erradicar la evaluación a docentes no es la solución; propuso enriquecerla y reorientarla de forma sensata en todo el sistema. Solicitó también incluir y consolidar la autonomía universitaria.

Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aseguró que los problemas financieros que enfrentan las universidades es resultado de décadas de una política fallida de educación superior sin regulación. Se pronunció por una estrategia integral, porque los eslabones más frágiles para la inestabilidad son de carácter laboral, el envejecimiento de trabajadores y la exigencia legítima de jubilaciones y pensiones.

Para garantizar la viabilidad financiera, dio la bienvenida a la transparencia y urgió una coordinación con la Federación, estados y universidades en el marco de la necesaria armonización de leyes que rigen los derechos de los trabajadores, la disciplina económica y el derecho a la educación. Destacó que las universidades son espacios estratégicos que deben preservarse, porque la ciudadanía participa y está informada de los asuntos públicos.

Juan Manuel Rendón Esparza, investigador de la Escuela Nacional de Maestros, aseguró que la formación docente inicial y continua es primordial en el desarrollo de la nación, por lo que las escuelas normales deben tener atención prioritaria como en toda sociedad democrática y funcional.

Juan Gutiérrez García, de la misma casa de estudios, apuntó que la figura del docente ha estado al lado de la población en las zonas marginadas.