Por: Redacción/
El Grupo Parlamentario del PRD expresó su respaldo a las demandas de un grupo de gobernadores al Presidente de la República en diversos temas de la coordinación entre la Federación y las entidades, afirmó su coordinadora, Verónica Juárez Piña.
En un comunicado, la diputada por Jalisco refirió que 10 gobernadores de la Alianza Federalista se reunieron en la Ciudad de México y acordaron acudir a tribunales si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no atiende su reclamo de asignar más recursos federales a sus estados en el presupuesto de 2021.
De acuerdo con los mandatarios estatales, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 contempla un recorte de 108,000 millones de pesos, lo que significaría que sus estados tengan menos dinero para infraestructura carretera, programas sociales y otros apoyos.
Los gobernadores proponen crear un fondo de estabilización con fondos federales no ejercidos, remanentes del Banco de México y dinero de los fideicomisos extinguidos.
También crear un fondo para proyectos estratégicos de infraestructura local, clarificar los criterios de distribución del presupuesto y establecer asignaciones para rubros como el Fortaseg y el Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Invitada a la reunión, la coordinadora perredista expresó el respaldo de las diputadas y los diputados federales de su grupo parlamentario a las demandas de los gobernadores.
Sostuvo que en el marco de la discusión del presupuesto para el próximo año, el PRD pugnará por que no haya reducción de participaciones federales para las entidades.
Informó que además impulsará una revisión de la coordinación fiscal entre la Federación y entidades, a fin de que se busque la manera de incrementar los recursos a los estados para que puedan resolver los graves problemas que enfrentan, particularmente en materia de salud, económica y de seguridad.
“El Presidente está tomando decisiones centralistas que rompen con el principio federalista de la Constitución de la República. Un aspecto fundamental es la distribución suficiente y equitativa de los recursos públicos que le corresponden por ley a los estados. El Ejecutivo Federal propone reducirlos para favorecer sus megaproyectos y programas clientelares”, denunció.
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