• Gretchen Kuhner aseguró que la sociedad civil esperaba un documento con mayor contundencia por parte de las autoridades estadounidenses sobre las violaciones a los derechos de las personas que causó esta política, sin embargo, comentó que MPP tiene varios juicios abiertos en las Cortes de Estados Unidos.

Por: Oscar Nogueda/

Ante la decisión del gobierno estadounidense sobre la suspensión definitiva de los programas Migration Protection Protocols (MPP), Gretchen Kuhner del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) destacó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolución sobre la participación del gobierno mexicano en esta política migratoria, contraria a convenciones internacionales. Esto permitiría a las autoridades nacionales evitar presiones para involucrarse en estas políticas migratorias, ya que la aceptación de MPP se dio en un contexto de presiones arancelarias contra México.

“Acá en México, tenemos un caso con el programa universitario de derechos humanos sobre la participación del gobierno mexicano en MPP que esta ante la SCJN, en la sala de la ministra Margarita Ríos Farjat. Esperamos que con el final de la política del gobierno de Biden, la Corte saque su resolución, la cual explicará que este tipo de políticas viola el debido proceso y ayudaría para que el gobierno mexicano no se sienta presionado para tener que participar en este tipo de políticas”, apuntó la directora de IMUMI.

Gretchen Kuhner aseguró que la sociedad civil esperaba un documento con mayor contundencia por parte de las autoridades estadounidenses sobre las violaciones a los derechos de las personas que causó esta política, sin embargo, comentó que MPP tiene varios juicios abiertos en las Cortes de Estados Unidos.

“Nosotros estamos de acuerdo con la decisión de terminar definitivamente, por lo menos en esta administración. Nos hubiera gustado tener un documento más contundente, diciendo que violaba las leyes estadounidenses, como es un documento del Ejecutivo no iban a entra en los temas de legalidad y admitir que la política causo tanta violencia, pensamos que no lo hicieron porque MPP está siendo litigado, hay varios juicios en contra que siguen abiertos”, señaló.

El “Programa Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés) entró en vigor el 29 de enero del 2019, durante la administración del presidente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Este programa, aprobado por el gobierno mexicano mediante después de que las autoridades estadounidenses notificaran su entrada, devolvía a las personas solicitantes de asilo a las ciudades del norte de México a esperar su juicio en las cortes de migración de Estados Unidos.

Organizaciones civiles nacionales y estadounidenses denunciaron que este programa violaba los derechos humanos de personas migrantes, ya que era contrario al principio de no devolución de las personas con necesidades de protección internacionales, les obligaba a seguir con sus juicios de asilo en otro país distinto, solo el 5 por ciento contaban con representación legal, vulneraba el debido proceso.

Además, las familias debían presentarse en algún punto fronterizo para su juicio, lo cual implicaba estar a las 3:00 a.m. en algunos lugares o recorrer hasta 550 kilómetros, después de los juicios, eran encarcelados en celdas superpobladas y había separación familiar.

En el lado mexicano, mil 114 personas, inscritas en MPP, enfrentaron secuestros, extorsiones, violaciones sexuales, tortura, asesinatos, así como 256 niños fueron víctimas de secuestro. Al mismo tiempo, los migrantes sufrieron el abandono de las autoridades mexicanas para garantizarles sus necesidades básicas, incluso durante la pandemia por la Covid-19. Hasta diciembre del 2020, aproximadamente 70 mil personas fueron devueltas por esta política.

“Aunque el gobierno mexicano aceptó el programa, no ha cumplido con su compromiso de brindarles trabajo, acceso a la salud, vivienda, educación y seguridad. Personas bajo el programa enfrentan una multiplicidad de situaciones en riesgo social, agravadas aun por la pandemia de Covid-19 y la suspensión de las audiencias. Este contexto ha contribuido a graves violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiados, que han huido de la violencia física y estructural en sus piases de origen”, mencionó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

El informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México, señala los abusos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Guardia Nacional. Asimismo, menciona que la militarización de la política migratoria de México permitió el uso desproporcionado de la fuerza contra la población migrante.

El pasado 2 de junio, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, decretó el final del Programa, el cual había quedado suspendido a partir de la nueva administración.

A través de oficio de siete páginas, Mayorkas sentenció que MPP ya no es una herramienta necesaria, así como no mejoraron la gestión de la frontera con México y no forma parte de los mecanismos para atender las causas de la migración propuestos por el gobierno de Joe Biden.

“Mantener la política intacta no sería compatible con la visión y los valores de este gobierno y construirían un mal uso de los recursos del departamento (Departamento de Seguridad del Interior, DHS)”, manifestó Alejandro Mayorkas.

El funcionario estadounidense dio a conocer que la primera fase del desmantelamiento del Programa Quédate en México ha beneficiado a 11 mil 200 personas. El 27 de enero del 2021, WOLA contabilizó 28 mil 455 personas con casos abiertos y 41 mil migrantes con casos cerrados. Cabe destacar que la primera fase continúa abierta, no obstante, no se ha anunciado los lineamientos para la fase dos de este desmantelamiento.

“La primera fase está muy bien, pero ¿qué va a pasar con las personas que perdieron sus casos o fueron abandonados?, ahí hay presión de la sociedad civil pidiendo que abran la segunda fase para estas personas. Estos son donde hay más preocupación, todavía hay 40 mil personas a lo largo de la frontera norte, expulsados, personas que estaban en listas de espera y personas esperando pedir asilo sin ser expulsados”, dijo Gretchen Kuhner.

Otras de las medidas criticadas por la sociedad civil es el Título 42, instaurado en el gobierno de Trump. Este título solamente permite los viajes esenciales en la frontera con México debido a la pandemia de la Covid-19, sin embargo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sostuvo que esta medida no tiene bases en términos de salud pública.

“El gobierno de Biden sigue utilizando el titulo 42 que puso Trump el 20 de marzo de 2020 por la pandemia, donde básicamente la frontera está cerrada para personas sin viajes esenciales y documentación. Ahí está la gran critica, de por si utilizar una ley de salud como pretexto para cerrar la frontera según el CDC no tiene base en términos de salud pública y ahora Biden lo sigue utilizando”, externó la defensora.

En una carta entregada en la Embajada de Estados Unidos en México para la vicepresidenta, Kamala Harris, organizaciones civiles llamaron al gobierno estadounidense a garantizar el viaje y seguridad de las personas con casos en MPP, con el objetivo de evitar la separación familiar.

Asimismo, pidieron el inicio de la fase dos del desmantelamiento de dicho programa, anular las órdenes de expulsión in abstentia y reabrir los procedimientos judiciales migratorios a todas las personas que tengan un caso cerrado.

Sobre el título 42, las ONGS llamaron a finalizarlo y evitar las deportaciones de personas migrantes a México. En ese sentido, sentenciaron que “los expertos en salud pública declaran que el uso de esta política no aporta ningún beneficio para la salud”.

“Bajo el título 42, siguen las expulsiones de personas y familias migrantes, que resulta en la negación injusta del acceso al asilo y a otras protecciones humanitarias, así como la separación familiar cuando menores de edad migrantes son separados de la familia como el último recurso para cruzar la frontera solos y pedir asilo”, apuntaron las ONGS.

Se mantienen prácticas que impiden el acceso a personas migrantes a los territorios
Organizaciones civiles precisaron que, los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y México mantienen prácticas que impiden el acceso a los territorios a las personas con necesidades de protección internacional, lo cual afecta a familias, mujeres y menores de edad.

Gretchen Kuhner mencionó que el gobierno estadounidense está trabajando en cuatro frentes para atender el fenómeno migratorio: la regularización de personas, la atención de las causas de origen de la migración en el norte de Centroamérica, la protección regional de las personas migrantes y el proyecto de atención para la frontera con México. Cada propuesta está integrada por propuestas legislativas.

“Lo que vemos es que casualmente México está respondiendo a lo que está tratando de hacer Estados Unidos, mientras las estrategias son buenas y completas. Sin embargo, en la frontera, se han visto muy lentos. Está el título 42”, comentó la directora de IMUMI.

Asimismo, manifestó su preocupación por la petición de las autoridades estadounidenses al gobierno mexicano para aumentar la detención y deportación de personas migrantes en la frontera sur. A pesar del reconocimiento de las estrategias a mediano y largo plazo, Gretchen sentenció que se mantienen prácticas de contención, deportación, detención y externalización de fronteras hacia el sur de la región, tal es el caso del envío de agentes migratorios y guardias nacionales a la frontera sur de México para la detención y retorno express de migrantes.

“Negar el acceso a territorio contraviene los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha devenido en que estos elementos militares realicen labores de la patrulla fronteriza estadounidense, lo que va en contra de sus funciones, externalizando la frontera norte al sur de México”, comentaron las organizaciones civiles.

En cuanto a la situación de las personas en contexto de movilidad en el país, Gretchen enfatizó la existencia de diferencias en el ambiente que enfrentan los migrantes en las ciudades fronterizas, ya que no existe una política clara sobre el manejo de la migración en la frontera norte debido “a que algunas personas están siendo expulsadas y otras dejadas en libertad”.

También, sentenció que los albergues de personas migrantes se encuentran llenos y afectados por la pandemia de la Covid-19. A pesar de ello, externó que autoridades mexicanas están apoyando a los centros integradores en Tijuana y Ciudad Juárez para facilitar el proceso en el desmantelamiento de MPP.

Sobre la frontera sur, la directora del IMUMI mencionó el aumento de las solicitudes de asilo en los estados sureños, específicamente en Chiapas. Asimismo, subrayó la necesidad de que la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados (COMAR) cuente con el presupuesto y personal necesario para atender el alza en las peticiones, ya que esta situación y la pandemia han generado que los peticionarios tengan que esperar por mucho tiempo en situaciones precarias.

El pasado 2 de junio, se llevó a cabo la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria en Chiapas, donde las autoridades mexicanas enfatizaron que México se ha convertido un país destino de personas migrantes y esperan la recepción de más de 100 mil solicitudes de asilo en este año.

El año pasado, la COMAR recibió 41 mil 329 solicitudes de asilo, principalmente de personas hondureñas, venezolanas cubanas, salvadoreñas y guatemaltecas. En los primeros cinco meses del año, esta institución identificó 41 mil 195 peticiones, el 71.77 por ciento de los solicitantes se ubicaron en Chiapas.

Ante la disuasión, contención y externalización de las fronteras, Gretchen indicó que se debe fortalecer la protección de personas migrantes en la región de Norteamérica y Centroamérica, así como el sistema de asilo en Estados Unidos y México, reabrir las fronteras, evitar las políticas disuasión y contención de esta población en dicha zona.