Por: Redacción/

Mario Madrazo Ubach, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, advirtió que la migración centroamericana hacia nuestro país, la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos y la llegada de migrantes extracontinentales pueden generar una presión presupuestaria y en las políticas migratorias de México.

En el segundo día de las jornadas de análisis del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el funcionario del INM expresó que se calcula que transitan por México alrededor de 500 mil personas de manera irregular. Informó que el Instituto tuvo en custodia en estaciones migratorias, el año pasado, a 200 mil presentados, de los cuales el 90 por ciento eran centroamericanos.

Esta situación, apuntó, genera una gran presión, sobre todo de carácter financiero, para las instituciones “que tenemos la obligación de actuar en este tema”, por lo que “creo que debemos de movilizarnos” porque se trata de población de mayor vulnerabilidad.

Señaló que la migración que genera el mayor reto es la intercontinental; explicó que en 2013 el Instituto recibió a personas de 50 distintas nacionalidades, el año pasado fueron migrantes de 91 nacionalidades distintas.

Dijo que la actual coyuntura que se vive es la más compleja que “jamás haya habido”, pues la administración en Estados Unidos está considerando la mayor repatriación de mexicanos; no obstante, aseguró que sí “estamos preparados para recibirlos”.

El mayor número de mexicanos que recibimos fue durante el gobierno de Obama en 2009 cuando llegaron medio millón de connacionales “y no generó ninguna crisis, no tuvimos problemas en las universidades o de desempleo”.

El año pasado recibimos a 200 mil mexicanos, cifra que se ha ido reduciendo, pero “si sumamos esto con los centroamericanos y los extracontinentales, estamos seguros de que va generar una carga extraordinaria en algún lugar de nuestras políticas y de nuestro presupuesto. Aquí es donde apelamos a la responsabilidad”.

Aclaró que no se trata de criminalizar la migración, además de que los brazos de México están abiertos desde hace mucho y tiene una larga tradición de recibir a quienes tienen problemas en sus países, pero se tiene que garantizar una migración regular, ordenada y segura; si no hacemos esta parte y no cubrimos una serie de responsabilidades, serán “los propios migrantes” quienes queden en condiciones muy difíciles.

La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó las contribuciones que tienen las personas migrantes y refugiados en los países a donde llegan, por lo que es indispensable que los Estados se comprometan a proteger sus derechos sin importar su estatus.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo comentó, al clausurar el segundo día de trabajos, que es necesario garantizar que exista coherencia entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de Migración; “éstos deben de ser parte de nuestra ruta de navegación sobre el cual tenemos que generar los principales instrumentos internacionales y regionales en materia de igualdad”.

Juan Carlos Mendoza Sánchez, director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, informó que más de 12 millones de connacionales viven en el exterior y la mitad de ellos todavía se encuentran en condiciones irregulares.

En el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos –comentó– hoy, por primera vez, son más los que están de manera regular en ese país que los que lo están irregularmente. Señaló que hay 3.9 millones de residentes autorizados, de ellos, 3.4 millones son susceptibles para la ciudadanía estadounidense.

También, agregó, hay 27.7 millones de mexicanos de segunda y tercera generación con los que tenemos que seguir trabajando “porque esos son los que pueden incluir en las políticas públicas” en la Unión Americana.

Aseguró que la migración masiva de connacionales hacia Estados Unidos “ya terminó”, pues ha ido en descenso desde 2010; ahora son más los que han regresado, o los regresan, que los que están yendo a ese país, es un problema resuelto, apuntó.

Flora Patricia Martínez Cranss, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, de la STPS, indicó que México ha construido “una serie de relaciones importantes con diversos países, a efecto de que los connacionales que decían buscar mejores alternativas de trabajo, puedan irse en forma segura, regular y ordenada”.

Destacó el programa binacional México-Canadá, sobre trabajadores agrícolas, el cual tiene 43 años de existencia y “se ha vuelto emblemático”, pues permite a los jornaleros mexicanos laborar de manera legal en distintas provincias de esa nación.

Refirió que hace 43 años se envió a 203 trabajadores y este año a más de 25 mil, incremento que se ha dado porque los empleadores canadienses reconocen el trabajo de los mexicanos. Hay personas que tienen más de 20 años acudiendo año con año a la misma granja porque son directamente solicitados, subrayó.

Explicó que un atractivo para los trabajadores agrícolas es el sueldo que perciben y que ha tenido incrementos importantes. Pueden ganar 12 dólares canadienses por hora, es decir, 60 mil pesos al mes; en México no existen estos sueldos competitivos para el campo.

Juan Manuel Zavala Evangelista, coordinador general técnico de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, de la PGR, comentó que en 2015 se creó esta unidad, con el objetivo de atender los delitos de carácter federal que se cometen en contra de este sector vulnerable.

Indicó que al interior del país, la Procuraduría a través de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (FEVIMTRA) ha coordinado reuniones anuales de fiscales especializados para el combate a la trata de personas, a fin de fomentar la colaboración interinstitucional en el tema.

 

Dijo que con Estados Unidos y Canadá se tiene estrecha coordinación para prevenir y sancionar este tipo de ilícitos, principalmente con las agencias de inmigración y aduanas y la patrulla fronteriza.