Por: Redacción/

La rendición de cuentas es elemento clave en el combate a la corrupción, para cumplir su propósito debe cimentarse en tres pilares fundamentales, el derecho a recibir información de la gestión pública, el deber de los servidores públicos de justificar el ejercicio del poder y la imposición de las sanciones, afirmó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Josefina Román Vergara.

Al participar como ponente en el Diplomado Rendición de Cuentas y Transparencia, la Comisionada del INAI planteó que sumar las competencias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) optimiza las acciones encaminadas a prevenir y combatir las prácticas administrativas que no cumplen con lo establecido en la ley.

En ese sentido, Román Vergara subrayó que es fundamental que los servidores públicos y ciudadanos conozcan el proceso para atender las responsabilidades en temas de corrupción, las cuales se dividen en dos rubros: administrativas y penales.

Las faltas administrativas no graves son sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los Órganos de Control Interno (OCI), mientras que las faltas graves corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Por otra parte, los delitos por hechos de corrupción como el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de Influencia, cohecho y peculado se encuentran en la esfera penal y son turnados a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Román Vergara destacó que “el derecho a la información tiene un impacto claramente positivo en el ámbito político, pues contribuye a que los ciudadanos despierten y se involucren de forma más proactiva en las actividades gubernamentales”.

Por otra parte, incide en el plano económico y social, generando un clima de inversión más confiable al permitir a los actores económicos calcular dónde y cuándo podrán invertir con mayor seguridad; además, genera controles a la corrupción al hacer más difícil de esconder acuerdos y acciones ilegales.

En ese sentido, apuntó que entre los principios centrales que deben guiar la construcción de cualquier ley de acceso a la información destacan apertura máxima, promoción de gobiernos abiertos, alcance limitado de las excepciones, eficiencia en el acceso a la información y la protección para informantes.

La Comisionada expuso la evolución del SNA y su relación con los Sistemas Locales Anticorrupción, como parte del diplomado organizado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y la Universidad Judicial de Estado de Durango.