Por. Redacción/

La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de los periodistas mexicanos Rubén Pat y Luis Pérez García, e insta las autoridades a investigar las posibles conexiones de los crímenes con la labor periodística de las víctimas.

Rubén Pat se desempeñaba como director del semanario “Playa News” y, según reportaron los medios, fue asesinado la madrugada del 24 de julio por arma de fuego en un bar del municipio Solidaridad en Playa del Carmen, Estado de Quintana Roo.

Pat habría recibido amenazas y, por ello, habría solicitado protección a las autoridades. El Estado informó que ingresó como beneficiario del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas en abril de 2018 y se le dio seguimiento a su situación. Un mes antes de sufrir el ataque Pat se comunicó con el Mecanismo para denunciar que una camioneta desconocida se estacionaba frente a su casa, por lo que se habría dispuesto vigilancia permanente en su domicilio.

Además, a partir del asesinato de José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, otro periodista asesinado que trabajaba en el mismo medio, el Mecanismo ordenó el acompañamiento de escoltas permanentes de la policía local municipal, pero no está claro si ésta se encontraba presente cuando ocurrió el crimen. El Mecanismo Federal informó que Pats habría manifestado confianza en la Policía Municipal, sin embargo, en este momento el Mecanismo asegura que investiga si el escolta lo acompañaba cuando ocurrieron los hechos.

Según organizaciones de la sociedad civil, el periodista asesinado habría denunciado que esas medidas no eran suficientes en vista de que las amenazas en su contra persistían, y por eso realizaba sus labores con temor. En 2017 el periodista habría sido arrestado y agredido por la policía local de Solidaridad, tras la publicación de un artículo sobre los vínculos de la policía con un cartel de drogas local.

Luis Pérez García, por su parte, era director de la revista “Encuesta de Hoy” y miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM). Según información disponible, el periodista era también activista social, enfocándose en temas políticos y comunitarios. García fue asesinado en su casa, ubicada en la delegación Iztapalapa, Ciudad de México, el 10 de julio. Según reportaron los medios, la necropsia habría revelado que la muerte se debió a causa de un golpe con objeto puntiagudo, y no de asfixia como se pensó en un comienzo. Según información disponible, los autores del crimen habrían prendido fuego a la casa con el fin de cubrir el crimen.

El Estado informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión (FEADLE) de la PGR, inició investigaciones en los casos de Pats y Pérez García y que se mantienen abiertas para determinar si los homicidios tuvieron relación con la labor periodística de las víctimas. Asimismo agregó que, actualmente, la FEADLE envió equipos de trabajo a los Estados involucrados para colaborar en terreno con las Fiscalías locales.

Tras estos dos casos, llega a ocho el número de periodistas asesinados en México este año. La Relatoría Especial insta al reciente gobierno electo a redoblar los esfuerzos para asegurar la protección a los comunicadores y para luchar contra la impunidad, ya que los asesinatos a periodistas se configuran como un grave ataque a la libertad de expresión y constituyen una forma de censura extrema. El Mecanismo de Protección y la FEADLE deben instrumentar las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México que dan cuenta de la insatisfactoria coordinación entre el nivel Federal y Estatal, tanto para implementar las medidas de protección, como para esclarecer en forma completa los hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Los casos recientes, son un ejemplo trágico de estos problemas.

Como se ha indicado en comunicados anteriores, la Relatoría Especial observa que este país enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. En el Informe Especial sobre el país, esta Oficina, en conjunto con el Relator Especial de la ONU, afirmó que los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.