• En la comunicación de la Relatora, se muestran cuatro casos de personas buscadoras que han sido víctimas de diversos delitos y, en los cuales, no se han avanzado en las investigaciones ni en el otorgamiento de medidas cautelares pese a que existen denuncias por estas situaciones.

Por: Oscar Nogueda/

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, expresó su preocupación por los asesinatos, hostigamientos y amenazas contra personas buscadoras en Guanajuato, así como por el efecto intimidatoria que tienen estos hechos en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“En la comunicación, expresamos nuestra preocupación que los asesinatos, hostigamientos y amenazas en contra de las personas defensoras mencionadas estarían relacionadas con sus labores de búsqueda de personas desaparecidas. Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre todos los colectivos de búsqueda que realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas”, mencionó la Relatora.

La Relatora indicó que las agresiones y amenazas contra familiares y colectivos de búsqueda de personas sean intensificado en Guanajuato. Según Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista reportó 24 agresiones contra activistas  en 11 municipios durante el 2021. Dentro de las agresiones más reportadas están las amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos.

A partir de los hallazgos y recuperación de cuerpos en fosas clandestinas, los Colectivos reportaron el aumento de vigilancia por parte de grupos del crimen organizado.  Por ello, denunciaron amenazas de desaparecer a las personas buscadoras, así como de agredirlas física y sexualmente. También, reportaron que personas desconocidas le tomaron fotografías sin su consentimiento durante sus labores de búsqueda.

En la comunicación de la Relatora, se muestran cuatro casos de personas buscadoras que han sido víctimas de diversos delitos y, en los cuales, no se han avanzado en las investigaciones ni en el otorgamiento de medidas cautelares pese a que existen denuncias por estas situaciones.

En julio del 2020, la defensora Rosario Zavala Aguilar, quien buscaba a su Yatziri Misael Cardona Zavala, desaparecido el 23 de diciembre de 2019, presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por allanamientos a su casa realizados por elementos de la Guardia Nacional debido a supuestas denuncias de venta de drogas.

Posteriormente, el 16 de octubre del mismo año, dos personas no identificadas dispararon contra Zavala Aguilar en la puerta de su casa, lo cual ocasionó su fallecimiento. Cabe destacar que, un día antes de estos hechos, la defensora participó en acciones de búsqueda, donde obtuvo información sobre el paradero de su hijo.

Hasta el momento, no se han reportado avances en la investigación ministerial sobre el asesinato de Zavala Aguilar ni la desaparición de su hijo.

Otro de los casos es el de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato y buscador de su hermana Guadalupe Barajas Piña, desaparecida  desde el 29 de febrero de 2020., quien fue asesinado por 15 impactos de bala en el municipio de Salvatierra.

Pese a que se inició una investigación por este delito y se dieron medidas de protección a los familiares de Barajas Piña, las autoridades no han procesado a los culpables de su asesinato.

“Previo a su asesinato, el colectivo al que pertenecía al señor Barajas habría recibido hostigamientos, incluyendo vigilancia por parte de integrantes de la delincuencia organizada, cuya presencia sería importante en Salvatierra y estar í a vinculado a la venta de drogas, y al robo y venta ilegal de combustibles”, apuntó la Relatora.

En el caso de Norma Patricia Barrón Núñez, la defensora denunció que personas desconocidas le tomaron fotografías sin su consentimiento al salir de una cita con el Ministerio Público, así como recibió amenazas verbales en las inmediaciones de su domicilio.

A pesar de las denuncias interpuestas por Barrón Núñez y del reconocimiento de su situación de riesgo, las autoridades no han implementado las medidas de protección necesarias.

“El 30 de mayo de 2021, la señora Angélica Zamudio Almanza reportó hostigamientos por parte de un grupo de personas, presuntamente vinculados con el crimen organizado en Salvatierra, Guanajuato, en relación a las labores de búsquedas que realiza desde noviembre de 2020”, finalizó la Relatora.