Por: Redacción/

Es necesario reivindicar a los poderes legislativos para que alcancen una mayor soberanía en sus facultades de aprobación y fiscalización de los gastos públicos, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuellar, al inaugurar el “Foro de Legisladores en Materia Hacendaria”.

En el evento, realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador por Morena apuntó que ha sido muy larga la etapa del dispendio y del desembolso ocioso, lo que ha colocado al país en uno de los primeros lugares donde la eficiencia en el gasto público es cero o negativa.

Por ello, destacó que una de las principales tareas de los legisladores será “ponernos de acuerdo sobre lineamientos que permitan ordenar el gasto público de los tres órdenes de gobierno”.

Refirió que en este encuentro, que reúne a diputadas y diputados federales y locales de todo el país, así como a senadores, se abordarán las medidas para ordenar el gasto público, pues el reclamo es que los Ejecutivos cuesten menos; que los Legislativos funcionen con un recurso aplicado racionalmente y que el dinero con que se sostienen los Poderes Judiciales y los órganos autónomos, también sea menor, sobre todo, más eficiente.

Agregó que se debe empezar a debatir el monto del gasto federalizado –que supera el billón 800 mil millones de pesos— y cómo dirigirlo a las áreas y sectores para llevar prosperidad, fortalecer la infraestructura, resolver las graves carencias y terminar con la enorme vulnerabilidad social y la pobreza.

Además, analizar y debatir el Ramo 23 y obtener algunas conclusiones sobre este instrumento que “para algunos es atractivo, para otros condenable como fuente de auxilio financiero, de complicidades y favores también, de opacidad y dispendio”.

También se debe trabajar para que todos los Congresos no sólo aprueben la carátula de conceptos y montos del presupuesto, “sino que tengamos mayor fuerza, primero, para manejar nuestro propio presupuesto y, segundo, para regular los gastos de los Ejecutivos”.

La composición de los congresos cambió, hay nueva relación de fuerzas, y podemos dar paso a que los legislativos tengan mayor capacidad de aplicar y desarrollar sus facultades en la aprobación y seguimiento del gasto, indicó.

“Abordaremos también el papel de las auditorías locales, dejar atrás lo que tiene que ver con el sometimiento de los auditores a Ejecutivos, la complicidad, el permiso que piden para revisar cuentas. Quisiéramos que salieran algunas líneas que en el corto plazo nos ayuden a tener órganos de vigilancia, de fiscalización verdaderamente autónomos, manifestó a los asistentes.

Llamó a reivindicar el papel soberano de los poderes legislativos y cumplir sus facultades de aprobar el gasto con racionalidad, pero, sobre todo, de darle seguimiento y fiscalizar su ejercicio.

Se pronunció por que “esta fuerza legislativa se reúna periódicamente y entre todos preparar la Convención Nacional Hacendaria de los próximos meses”.

Ramírez Cuellar subrayó que en la nueva relación de fuerzas, las entidades pueden hacer sus leyes de presupuesto antes de concluir el año, y otros reformar sus legislaciones para tener organismos de fiscalización más fuertes.

Enfatizó que a partir del 1 de enero del 2019, el gasto sea eficiente, vigilado, bien invertido y con resultados.

Al dar la bienvenida, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Flores Suárez, destacó la importancia de ponerse de acuerdo en materia presupuestal, entre el Senado, Cámara de Diputados y legisladores locales, especialmente ante un nuevo gobierno que comienza en una semana.

“Debemos facilitar el camino para, en conjunto, llevar una mejor hacienda presupuestal para cada uno de los estados y municipios”, subrayó.

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, celebró que por primera vez se reúnan legisladores federales y estatales; ayudará mucho al desarrollo de las finanzas públicas, la transparencia, y facilitará el trabajo de la ASF, al darle mayor certidumbre al revisar las cuentas. “Se tiene la gran oportunidad de concretar una Convención Hacendaria, con la participación activa del Congreso”.

Uno de los problemas centrales, explicó, es que las Auditorías de los estados son propuestas por los gobernadores, por lo que la filiación es muy clara. “Hay gran dependencia hacendaria de las entidades federativas y de los municipios, entre otras cosas, porque el país está profundamente centralizado en el rubro fiscal. El 95 por ciento de capacidad recaudatoria es del gobierno federal, los estados tienen 4 por ciento y los municipios sólo un punto”.

Aceptó que en el Fondo de Fortalecimiento Financiero existe mucha discrecionalidad, ya que no tiene reglas de operación, se contabiliza como gasto corriente y es muy difícil darle seguimiento. Sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dijo que tiene reglas que nunca han tenido mucho que ver con la realidad de los estados y fórmulas centralizadas.

No obstante, detalló que el Ramo 23 incluye muchos rubros, pero no todos carecen de reglas de operación; por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que tiene casi 80 mil millones de pesos y se activa, cuando tres meses seguidos caen las participaciones respecto a lo programado.

Subrayó que no puede haber un gobierno sin recursos en algún fondo, para contingencias naturales o sociales; sin embargo, debe estar bien transparentado y tener reglas de operación claras. “No puede ser para todo o para lo que se te ocurra”.

Colmenares Páramo añadió que en el caso del gobernador de Veracruz, las sanciones no se han materializado, hay 53 denuncias penales, de las cuales algunas tendrán resultado pronto, pero “no sólo queremos castigar por castigar, sino corregir”.

Precisó que los auditores de los estados hacen su trabajo, pero no han tenido un resultado que implique una demanda penal. Se necesita federalizar a cada entidad porque ahora se desperdician muchos recursos; hacer auditorías de los ingresos dado que también se presentan desviaciones.

Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF, expresó que este recurso representa poco más del 35 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, casi dos billones de pesos que se van a entidades federativas y municipios. De esa cifra, un billón es gasto federalizado programable y casi 800 mil millones de pesos son participaciones federales o ingresos de libre disposición.

Resaltó que en el país hay una dependencia muy elevada de los ingresos federales, con un promedio del 85 por ciento, a excepción de la Ciudad de México que es menor al 50 por ciento, y en el extremo se ubica Hidalgo, con casi el cien por ciento.

“Esa elevada dependencia tiene implicaciones importantes, pues si se calcula cuánto de sus ingresos totales los obtienen vía impuestos locales, el promedio no llega ni al 5 por ciento. Hay casos extremos donde no representa ni el 2 por ciento”, explicó.

El funcionario de la ASF argumentó que si se observa cuánto del presupuesto de las entidades federativas se tiene que destinar a servicios personales, en promedio se está arriba del 19 por ciento, habiendo casos como Veracruz donde casi la mitad de su presupuesto tiene ese desembolso.

“Si se compara y se pregunta cuántos estados, con lo que recaudan, podrán pagar la nómina de sus trabajadores de gobierno, únicamente la Ciudad de México, Quintana Roo y Querétaro tienen la capacidad para ello, y hay casos como Michoacán que no podría pagar ni el 2 por ciento”, añadió.

Tal situación, dijo, tiene una implicación enorme, porque existe una presión a los estados para ver de dónde sacan para pagar la nómina. Esto “provoca que se tomen recursos de los fondos que deberían enviarse a salud, educación, seguridad pública. Los incentivos están mal alineados y las tentaciones a usar fondos federales para pagar nómina son enormes en la mayoría de los estados; esto lo debemos trabajar”.

Las áreas de oportunidad para mejorar este gasto, subrayó, están en alinear los incentivos no sólo de los egresos sino que entidades y municipios hagan un mayor esfuerzo recaudatorio; además, retomar la obligación para que las dependencias federales transfieran la primera ministración de recursos a más tardar el 31 de marzo y perfeccionar las reglas de operación, ya que hay fondos sobreregulados.

Sostuvo que, por primera vez, la ASF revisó el Fondo de Fortalecimiento Financiero y ha sido el más observado por sus irregularidades en las auditorías que se entregaron este año a la Cámara de Diputados, por un monto de casi 17 mil millones de pesos. Además, se encontró que hay estados que no le ministran a los municipios las participaciones federales que por ley le corresponden.

Hizo votos por constituir un fondo para que con los reintegros a la Federación se premie a los estados que sí ejecutaron los recursos de manera adecuada o en el ejercicio fiscal correspondiente. También, llamó a que la independencia de los órganos de fiscalización estatales se acompañe de una autonomía presupuestal.

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), propuso aprovechar la nueva dinámica política del país para hacer más eficiente el presupuesto en beneficio de todos, a través de incorporar una definición de gasto por programa homogénea entre la Federación y estados, porque se tienen diferentes definiciones.

En el tema “Gastos y políticas sociales”, sugirió impulsar la recaudación estatal y municipal, y actualizar los criterios en la distribución de fondos de manera coordinada entre Federación y gobiernos locales.

Vincular gasto con planeación y ejercicio estatal; normar con detalle el seguimiento en la aplicación de los fondos locales, y mejorar la información del Ramo 33, para monitorear su manejo, porque los informes son malos.

“Si los estados hacen un balance que señale la cantidad de recursos que recibieron, en qué y cómo se usaron, habría más transparencia. Vale la pena poner más control en el manejo de los fondos federales”, subrayó.

Afirmó que cuando hay exigencia política y rigor técnico se tiene la oportunidad de manejar de mejor forma el gasto público. Pidió aprovechar la actual coyuntura para evaluar, medir y tener mejor información en torno al ejercicio presupuestal y exigir que sea más eficiente.

Reconoció al Congreso su interés y rigor genuino que va a tener sobre los recursos y la importancia de gastar bien, al convocar a instituciones externas para conocer sus propuestas respecto al presupuesto. Destacó la relevancia de que haya independencia y soberanía de los congresos respecto al Poder Ejecutivo, a nivel federal y estatal.

Existen cerca de 6 mil 500 programas sociales a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno, sin embargo, poca coordinación por cuestiones políticas y pese a los crecientes recursos entregados a estados y municipios, la pobreza no disminuye, declaró.

Sugirió que de los programas prioritarios anunciados por el próximo gobierno, debe identificarse cuáles se parecen, si los maneja la Federación, estados o municipios, y qué montos federales tienen. Eso puede ser una buena guía para que el Congreso y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasignen recursos.

En su conferencia “Gasto público y la rendición de cuentas”, Mariana Campos Villaseñor, de México Evalúa, destacó la importancia de analizar el Ramo 23 del PEF, pues hasta el momento ha existido negligencia, pese a los sobreejercicios en ese rubro. Subrayó que también debe quedar claro quién rendirá cuentas respecto a esos recursos, ante los próximos delegados en las entidades federativas.

“La mayor parte de este gasto se encuentra en tres programas que consideramos discrecionales, ya que no operan con Reglas de Operación. Entre 2013 y 2017, se erogaron 318 mil millones de pesos en esos tres programas, correspondiente al 30 por ciento del aumento de los ingresos tributarios entre 2014 y 2017, derivados de la Reforma Hacendaria”, explicó.

Además, existe sesgo político en la repartición de los montos y no se asignan con diagnósticos oportunos, ni de acuerdo a las necesidades de cada localidad. El Ramo 23, dijo, es un síntoma de lo que no funciona en materia fiscal y ejemplo del modelo presupuestal deficiente.

Precisó que gran parte del gasto federalizado tiene que ver con las participaciones estatales, que son fondos de libre uso; ese dinero tendría que usarse para problemas específicos. Asimismo, la nómina gubernamental crece más que la inversión y se ha salido de proporción.

Finalmente, planteó la necesidad de implementar un sistema de monitoreo en tiempo real de gasto federalizado y de rendición de cuentas, en virtud de que las auditorías locales no funcionan y todo recae en la ASF.