Por: Redacción

El presidente de la Comisión de Transportes, diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (PAN), llamó a regular el servicio de taxis en aeropuertos, incluyendo el servicio contratado mediante aplicaciones móviles para evitar prácticas monopólicas y mejorar las tarifas a los usuarios.

Para ello, propuso reformar las leyes de Aeropuertos y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con lo que los prestadores de este servicio podrán cumplir lo establecido en la normatividad y formalizar su relación mediante contrato con el concesionario del aeropuerto, que no será condicionado al uso de estacionamientos destinados para el transporte terrestre al público.

Será responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinar los aspectos que deberá contener el contrato, incluyendo medidas de seguridad y calidad del servicio. Se prohíbe cobrar por el derecho de acceso a las instalaciones del aeropuerto para los prestadores de servicio.

Rodríguez Dávila destacó que actualmente estas bases legales no existen, ocasionando un amplio margen de discrecionalidad en el contenido de los contratos entre aeropuertos y prestadores de servicio.

“Tal situación ha ocasionado que éstos se vean obligados a cubrir diversos montos que no son públicos, que varían de aeropuerto a aeropuerto (e inclusive hay casos en que los cobros no son iguales para las diferentes compañías dentro de un mismo aeropuerto), y que han ocasionado el incremento en las tarifas del servicio”, añadió.

Consideró, inconcebible e inexplicable que un taxi en la ciudad de Cancún cobre 700 pesos por llevar a una sola persona en un tramo de 15 minutos, mientras que en un viaje en la Ciudad de México a la Cámara de Diputados cobran 200 pesos; las nuevas modalidades que brindan este servicio pueden tener un costo de 200 pesos en Cancún y de 60 o 70 pesos en la Ciudad de México.

Actualmente, los aeropuertos son los responsables de aprobar más taxistas o no, cuando debería ser la autoridad. Además, la tarifa la establecen los taxistas, y simplemente informan a la autoridad lo que van a cobrar, “pero ya es prácticamente un hecho que cobren lo que quieren y lo incrementen cuando quieren, porque solamente dan vista a la autoridad. Por eso tenemos esos precios”.

Rodríguez Dávila también propone bajar las cargas y condiciones que tienen los grupos aeroportuarios sobre las actuales prestaciones de servicio, pues son excesivas. Tienen que pagar un derecho de 5 mil pesos a la autoridad y 30 o 40 o 50 pesos por boleto de cada viaje que llevan a cabo a los grupos aeroportuarios, los cuales tienen una utilidad entre 37 y 40 por ciento anual.

Plantean crear en la ley una figura para que empresas basadas en plataformas informáticas, tengan un marco legal adecuado y la menor regulación posible. La finalidad es que exista una “mayor competencia en el mercado y mejores servicios para los ciudadanos”.

Las empresas de redes de transporte se definirían como “las personas morales que operen, administren o promuevan, por sí mismo o mediante subsidiarias o filiales, plataformas y aplicaciones informáticas para dispositivos fijos o móviles por las cuales puede contratarse el servicio de autotransporte particular de pasajeros”.

En tanto, el servicio de autotransporte particular de pasajeros contratado a través de aplicaciones informáticas, será “aquel servicio no sujeto a rutas, horarios ni frecuencias de paso que, basado en sistemas de posicionamiento global, se contrata a través de una aplicación informática y es prestado por conductores privados en vehículos particulares con capacidad menor a 9 pasajeros”.