Por: Redacción/

Al iniciar la Consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Regulación del Comercio Electrónico, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) afirmó que es necesario ordenar la estructura tributaria de esa actividad económica, que crece sin precedentes y cuya regulación fiscal y laboral es muy compleja.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20 (G-20) han reconocido la necesidad de mejorar su regulación y debaten sobre el establecimiento permanente de las empresas, el lugar donde se ubican y obtienen su fuente de valor, que “en este caso, está muy difuso”.

Aclaró que no se trata de crear nuevos impuestos, ni de aumentar las tasas, sino de ordenar el actual esquema tributario del país. “El comercio electrónico forma parte del esfuerzo que a partir de septiembre realizará la Cámara de Diputados en ese sentido”.

“Está pendiente la normatividad de las plataformas digitales. El objetivo del foro es tomar en cuenta los debates en G20 y OCDE. Asumir experiencias de América Latina y Europa para conocer los avances, tropiezos, limitaciones, obstáculos y aciertos que han tenido en los primeros pasos para regular el comercio electrónico”.

Mencionó que se han dado avances significativos, como la modificación del Código Fiscal para evitar disposiciones de “compensación universal” que permitían que empresas incurrieran en faltas. También, el presidente renunció a la facultad de condonación de impuestos y se han establecido mecanismos de retención de IVA e ISR a socios de algunas plataformas, agregó.

El diputado Javier Salinas Narváez (Morena) comentó que en el tema del comercio digital, sobre todo de las grandes trasnacionales, se considera que hay un gasto fiscal considerable y significa un grave problema de inequidad tributaria frente a las empresas que sí pagan impuestos. “Hay un problema de competencia desleal frente a los competidores nacionales y, consecuentemente, genera grandes distorsiones económicas en el mercado”.

Aclaró que éste es un problema de dimensión global, no sólo local, por lo que se requiere una estrategia internacional y multilateral. Mencionó que la OCDE ha hecho el esfuerzo para evitar la erosión de la base gravable en el ISR y esta discusión no ha concluido, por lo que diversos países han empezado a actuar de manera individual, por lo que presentó una iniciativa con el objetivo de gravar con renta a empresas trasnacionales con una plataforma grande.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) expresó su interés por conocer el tamaño de la economía digital en México en términos de transacción comercial y lo que el gobierno deja de cobrar en ISR y IVA.

Subrayó que, aunque no se vayan a crear nuevos impuestos, los que ya existen “hay que cobrarlos”, porque lo que se necesita es ingreso para financiar el desarrollo; la preocupación es cómo hacerse de más recursos.

Con el tema “El comercio digital. El reto de su fiscalización en una perspectiva global”, el empresario Rafael Espino de la Peña, resaltó que el comercio electrónico puede representar para la hacienda pública una fuente muy importante de ingresos. El reto, dijo, es evitar la informalidad porque este tipo de plataformas, por la velocidad con la que se mueven, están tentadas a eludir impuestos, al erosionar la base gravable de aquellos destinos donde tenga menos imposición.

Precisó que el gran desafío es enarbolar el sistema tributario que permita situar las distintas tasas gravables, establecer relaciones jurídico-tributarias conforme a la ley y cobrar el impuesto debidamente. “Sólo así habrá justicia y equidad de estos actores con respecto a quienes representan el comercio tradicional en México con la obligación de contribuir al gasto público”.

Estimó que el sistema tributario debe pensarse, estructurarse y consensarse para que tributen las plataformas que están actuando y que tienen intereses aquí en México y obtienen utilidades. “Hay que ser muy precisos y cautos en identificar a los agentes involucrados en la determinación de las bases gravables de cada uno”.

Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Gabriela Ríos Granados, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo indica que no se van a crear más impuestos y se eliminarán las condonaciones generalizadas y las amnistías. Anunció que se celebra porque da buenas señales al no perdonar a deudores de impuestos, porque éste es un incentivo que desalienta a los contribuyentes cumplidos.

Hay empresas multinacionales colocadas en el país por su baja tasa impositiva, que es de 12 punto por ciento del impuesto sobre sociedades y se le suman todos los incentivos fiscales que se dan para innovación tecnológica.

José Antonio Parra, subdirector de la Industria del Software en la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía indicó que el país debe aprovechar las ventajas que abre el comercio electrónico.

Destacó que el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá establece que debe haber un marco jurídico para promover la confianza del consumidor y evitar barreras innecesarias al comercio; eliminar obstáculos injustificados al comercio electrónico y garantizar un entorno en línea seguro para consumidores; desarrollar la economía digital a través del buen uso de las tecnologías de la información y el desarrollo de productos innovadores que se generen en el país, mediante un esquema legal que fomente operaciones electrónicas.

Se pronunció por implantar acciones y políticas que contribuyan al crecimiento de esa actividad, por lo que se han impulsado estrategias y trabajado con organismos internacionales como OCDE y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para abordar el flujo transfronterizo de datos. Además, existe la plataforma de la Industria 4.0MX, que toca el tema de comercio digital con un enfoque en el que hay contenidos, desarrollo de plataformas, tecnologías, confianza, generación de mecanismos de protección de datos y seguridad de transacciones.

A su vez, Javier Díaz de León Galarza, especialista en materia fiscal en Ernst & Young, acotó que México ofrece un marco legal eficiente en esta materia, con las modificaciones constitucionales en telecomunicaciones de 2013, las leyes secundarias para regular la banda ancha, móvil y servicios por Internet, y la ley de protección de datos, en materia de prevención de operaciones ilícitas, tiene un componente indirecto que sirve en la economía digital.

El marco jurídico es eficiente, abundó, hay controles para el comercio digital; la economía electrónica tiene rangos de seguridad jurídica y crecimiento ordenado. Añadió que se han desarrollado acciones para evitar abusos fiscales, que no existan esquemas nocivos y que haya tributación en donde se genere la riqueza.

Concluyó que hablar de economía digital significa conocer qué plataformas hay; distinguir que existe un marco legal federal y local y que las propuestas en esta materia deben ir en tres vertientes: establecimientos permanentes con conceptos novedosos; implantar un impuesto digital, o un impuesto indirecto.

Al hablar sobre el tema “El comercio digital, perspectiva de la regulación fiscal en México”, Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex procuradora de la Defensa del Contribuyente, aclaró que no se está en contra del desarrollo de las tecnologías de la información y las plataformas e intermediarios que acercan a los proveedores de servicios. El tema, dijo, son las grandes empresas digitales multinacionales que están a través de la economía digital influyendo gravemente en la erosión de la base y en cambiar arbitrariamente sus ganancias de un lugar hacia otro.

Resaltó que el reto es cómo gravar a las empresas que no tienen más que una presencia virtual en México; y también es un reto de justicia social “porque al tener ganancias multimillonarias y trasladarlas y conducirlas hacia paraísos fiscales lo que están favoreciendo es la pobreza y desigualdad entre la población mundial y, en especial, en los países menos desarrollados y emergentes”.

Estimó que para enfrentar el reto de gravar la economía digital son imprescindibles nuevos conceptos en materia de creación de valor y atribución de beneficios. También se debe modificar el concepto de establecimiento permanente y de fuente riqueza para ir contra la parte de la utilidad del ingreso residual que correspondería a estas multinacionales.

El presidente de la firma de Abogados, Contadores y Auditores López Diantes & Asesores, Raúl López Deantes, afirmó que se tiene que ser muy cauto con la economía digital, porque “hay grandes empresas, plataformas inmensas que se crearon no para ser madres de la caridad, sino para generar ingresos y los millonarios más grandes del mundo vienen de ellas”.

Un dato fundamental, añadió, es que en 2009, por concepto de comercio electrónico, en México se generaron 36 millones de pesos, y 2018 terminó con más de 467 mil millones de pesos que se mueven en esta economía. “Algo está pasando que las autoridades tributarias dejan este gran dique por donde se está colando este dinero”.

Puntualizó que es importante modificar las leyes del Impuesto al Valor Agregado, la del Impuesto sobre la Renta, y obligar a las plataformas electrónicas a que tengan un domicilio fiscal en el país. “Las empresas no se van a mover a otro lado si les ponemos un IVA de 16 por ciento. Aquí está el negocio para ellos. Por lo tanto, tienen que acatar las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria”, agregó.

“En 2018, más de mil millones de dólares se hicieron en publicidad a través de las compañías de redes sociales, y es ahí donde debe estar el fisco. Además, cada día aumentan las compras online como moda, 77 por ciento; comida a domicilio, 67 por ciento, electrónicos, 65 por ciento; servicios de suscripción, series, películas y música con 77 por ciento”.

Consideró que la legislación tributaria tiene que agregar nuevos conceptos: sesión de derechos, transmisión de datos o pago de derechos, para gravar a las empresas digitales por el servicio otorgado, y facultar al Congreso a legislar en materia de comercio electrónico.

Expresó que el boquete de las finanzas públicas en 2018 fue de 467 mil 340 millones de pesos y que, entre el Impuesto sobre la Renta y el IVA, se dejaron de percibir más de 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años. “Si no ponemos un dique a las plataformas digitales lo que va a desaparecer son las empresas mexicanas”.