Por: Redacción/

El Pleno conoció de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, que plantea a la y los gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad, consideren las especificaciones nacionales e internacionales para el diseño, construcción y/o adecuación de esta infraestructura.

Destaca que el régimen penitenciario requiere de espacios dignos y adecuados para el desarrollo de actividades a las que deben acceder las personas privadas de la libertad.

El documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, precisa que en diciembre de 2017 el sistema penitenciario albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos, y de esta población, 13 mil 177 estaban en mil 94 centros con capacidad menor a 250 espacios.

Estos centros de baja capacidad, específica, dependen de las autoridades estatales, no cuentan en su mayoría con una configuración para desarrollar un buen régimen penitenciario, y 48 de ellos tienen problemas de sobrepoblación.

Por ello, la CNDH pide desarrollar obras de infraestructura que garanticen la clasificación de la población penitenciaria, cuenten con una estancia digna, atención a la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación laboral, seguridad, así como favorecer la vinculación con su entorno familiar y social y coadyuvar a una mejor reinserción social.

También, sugiere realizar las mismas mejoras en los centros de baja capacidad para la atención de mujeres y programas acorde a sus necesidades, con criterios de protección a sus derechos humanos y de sus menores hijas e hijos; principios de progresividad, universalidad e indivisibilidad, de conformidad con los estándares internacionales.

Asimismo, acciones efectivas para aumentar la capacidad de esos centros, de acuerdo a las exigencias que emanan del artículo 18 Constitucional, considerando para ello los criterios que se derivan de las “Reglas Mandela”, y los estándares nacionales e internacionales, las buenas prácticas y los resultados de los estudios desarrollados en la materia.

Finalmente, propone dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables, a efecto de que realicen las acciones tendentes a materializar y mantener los centros penitenciarios de baja capacidad, con base en lo establecido en el artículo 18 constitucional y las “Reglas Mandela”.

Comunicaciones

En la sesión del día de hoy, la Mesa Directiva informó de la reincorporación a los trabajos de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados de Yarith Tannos Cruz (PRI-Distrito 7, Oaxaca), a partir de este martes.

Los diputados Germán Ernesto Ralís Cumplido (MC), Erik Juárez Blanquet (PRD) y Karina Padilla Ávila (PAN) solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y puntos de acuerdo que habían presentado.

La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió a 11 puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente sobre la seguridad estructural de los planteles educativos; cultura de protección civil en la niñez; atención del cáncer de pulmón; regularización de contenidos sexuales; calidad de vida de personas con enfermedades raras; campañas de prevención y atención de diabetes, obesidad e hipertensión; prevención y atención del cáncer; acciones diplomáticas, y en materia de los planes de seguridad y protección civil escolar.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se conocieron contestaciones a dos proposiciones aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, referentes a las obras hidráulicas en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta y sobre las becas escolares.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco remitió contestación a punto de acuerdo aprobados por esta Cámara, en relación con la seguridad de la Escuela Primaria Urbana 345 “Veintiuno de Marzo”.

La Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca respondió a cuatro proposiciones avaladas por los diputados federales, referentes a la actualización trimestral de los portales electrónicos oficiales de transparencia e información pública; copias certificadas en municipios afectados por los sismos en el istmo de Tehuantepec; prevención y combate de incendios forestales, y sobre los servicios en materia de energía eléctrica y agua potable.

De la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora se conocieron dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, sobre las acciones para fortalecer las políticas públicas sobre prevención en enfermedades mentales y para crear e implantar una estrategia nacional de prevención del suicidio.

Se recibieron de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato respuestas a dos puntos de acuerdo ratificados por esta Cámara, relativos a prohibir quemas en los ecosistemas de pastizal y para garantizar el servicio básico de energía eléctrica y fomentar la transparencia en los comités de padres de familia.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero remitió contestación a un punto de acuerdo avalado por los legisladores federales, para contribuir al fortalecimiento de los valores relacionados con la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remitió el Informe Anual de Actividades y Ejercicio Presupuestal 2016. Se canalizó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

A la Comisión de Comunicaciones fue enviado el Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Del Congreso de Sonora se recibió iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para eliminar la disposición que establece que no podrán ser deducibles los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.