Por: Redacción/

Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, señaló que la Reforma Laboral aprobada en el Senado de la República responde a requerimientos de Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC así como a la nueva clase sindical del Gobierno Federal pues dejó marginados a más de 5 millones de trabajadores agrícolas que viven en “campos de concentración” en el Noroeste del país y Baja California, regulados por sindicatos “fantasma” y contratos de protección “regenteados” por la CNC, CTM, CROC y CROM.

“Para hacer una reforma genuina, lo primero que habría que demandar del gobierno de la República es que dé a conocer el número de contratos de protección existentes y las agrupaciones sindicales que administran esos contratos sin dejar de lado que la mayoría de los Contratos Colectivos de Trabajo son solapados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, subrayó.

En entrevista de medios, el dirigente de la CIOAC, aseguró que la Reforma Laboral es aprobada en el marco del deterioro salarial del 79 por ciento generado por el periodo neoliberal vigente, aunque para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, este sistema económico, el neoliberalismo, lo haya abolido por decreto.

Asimismo dijo que urge armonizar el derecho laboral mexicano con el derecho internacional por lo que no basta con desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear, en su lugar, tribunales. Lo que hay que desaparecer es la toma de nota de los sindicatos.

“Los sindicatos existen, dice la norma internacional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, por voluntad de quienes lo conforman, pero en México los sindicatos existen por decisión de quienes lo reconocen y la toma de nota es un elemento para ello y ese trámite se tiene que hacer ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así que tú no puedes crear un sindicato si no tienes la venia del Gobierno Federal”.

Entonces, agregó, el gobierno se apropia de la facultad de reconocer a los sindicatos y desconocer a los que no sean a modo. De esa manera se propició el sindicalismo blanco o los gremios fantasma y hay hasta quienes administran sindicatos con el acuerdo de los patrones y la complicidad de los gobiernos. Temas no tratados en esta reforma constitucional.

Comentó, Federico Ovalle, que las autoridades mexicanas, el INEGI y otras instituciones reconocen que los jornaleros existentes en México son más de 5 millones de asalariados en el campo, de manera permanente y, en ocasiones, de forma temporal.

Ellos constituyen el segmento mayor de trabajadores mexicanos pero también el más excluido de los derechos constitucionales y laborales mientras que la nueva reforma laboral ni siquiera los menciona por lo que no son preocupación para los Poderes Ejecutivo y Legislativo a pesar de que con ellos se registran las mayores violaciones a derechos laborales.

“Por ello es necesario incluir en la actual reforma laboral a los casi 5 millones de trabajadores agrícolas por ser asalariados del campo y merecer un salario digno, Seguridad Social de la cual carecen, gozar de una casa habitación pues en muchos casos viven hacinados en bodegas o en galeras y reconocer su derecho a la libre sindicalización”, subrayó.

Habrá que reformar evidentemente el capítulo Octavo de la ley Federal del Trabajo que no ha sido tratado desde la reforma laboral de 2017. Esta es una demanda de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos para que haya justicia en el campo y dejen de vender la fuerza de trabajo de los jornaleros por un salario “miserable”, es decir, merecemos una reforma laboral integral, progresista, democrática y de justicia.

No se requiere una reforma que responda a las exigencias de la firma del nuevo tratado de libre comercio con América del Norte que se llama T-MEC, el cual se firmará y dañará los derechos de los trabajadores.

Para esta reforma “los trabajadores en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California y Jalisco, no fueron consultados pero eso sí el Gobierno y el Congreso de la Unión están preocupando por adecuarla a los requerimientos del nuevo tratado comercial y las exigencias una potencia económica: Estados Unidos y su presidente”.