Por: Javier Bárcenas
El diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano propuso una reforma la Constitución en materia de juicio político y fuero, la cual incluye considerar al Presidente de la República como sujeto político, la cual impactaría también en el cargo o de quien ocupe la presidencia en turno.Con el propósito de enfrentar la impunidad que protege a servidores públicos que incurren en actos u omisiones en perjuicio del interés público o su buen despacho, el diputado del PRD propone hacer reformas constitucionales.

El también secretario de la Comisión de Gobernación señaló que el actual y sofisticado andamiaje legal ha propiciado que ninguno de los servidores públicos a quienes se les inició una demanda de juicio político por haber “incurrido en actos y omisiones que han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales han sido sujeto a dicho proceso”.
En la actualidad “los funcionarios protegidos por el fuero constitucional hacen uso indiscriminado de éste, provocando un halo de impunidad que ha carecido de relación alguna con la expresión de su ideas en el cumplimiento de sus funciones”.
Dijo que se necesita vacunar al sistema político contra la impunidad y demostrar a la sociedad que los servidores públicos no gozan de privilegios indebidos y que si responden a la investidura en condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos cuando la conducta no se ciñe a la ley.
La iniciativa del diputado propone que el alcance de juicio político incluya al titular del Ejecutivo federal, así como un procedimiento mínimo constitucional para determinar el plazo de un año en el cual se puede iniciar un procedimiento de juicio político.
Ese periodo empezará a correr una vez que el servidor público abandone definitivamente cualquier cargo y ya no forme parte de la administración pública.
La inhabilitación del servidor público será concebida como una medida de protección a la administración pública y no como una sanción al servidor, pues el objeto es proteger el interés general de la administración respecto a un mal servidor público, dijo el diputa del PRD.
Hernández Soriano sostuvo que la experiencia muestra un uso indiscriminado del fuero, “provocando un halo de impunidad carente de relación alguna con la expresión de sus ideas en el cumplimiento de sus funciones”.
Por ello, abundó, es necesario “romper este círculo de impunidad” y que cuando haya una sentencia en primera instancia se elimine el juicio de desafuero “por constituir un instrumento de coacción o de protección política a los servidores públicos.
Que a los funcionarios señalados se les pueda iniciar su proceso sin la separación del cargo y que sólo cuando exista una sentencia condenatoria en primera instancia, proceder al a separación voluntaria del cargo del funcionario o bien, el presidente de la Cámara de Diputados declararla en términos de la legislación reglamentaria.
En el caso de los gobernadores, se establece que será la Cámara de Diputados federal la que realice la declaratoria y la comunique a las legislaturas locales.
La reforma constitucional propone que sea la Cámara de Diputados la que conozca y resuelva sobre las acusaciones al Presidente de la República en lugar del Senado, por ser la Cámara de Diputados el órgano en donde reside la representación popular.

Además, que el Presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a los derechos humanos, corrupción y delitos graves del orden penal, además de traición a la patria, como se establece en la actualidad.

Finalmente, el proceso penal de los acusados no podrán ser privados de su libertad, sin embargo, pero si podrán objeto de medidas cautelares no relacionadas con la prisión preventiva.