Por: Redacción

El sistema de evaluación docente, derivado de la reforma educativa de 2013, es uno de los de más alto impacto en el mundo, pues determina cada paso de la trayectoria laboral de los maestros de educación pública, es decir, alrededor de 1.3 millones de docentes.

Así lo establece la investigación “Reforma en materia educativa. Un análisis de su diseño y aplicación, 2012-2016”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), en la que se analiza el alcance del cambios de reglas y modos de operación del sistema educativo y el funcionamiento del dispositivo institucional para la evaluación de los profesores.

Destaca que la reforma, promulgada por el Presidente de la República en febrero de 2013, estableció un nuevo régimen laboral para los docentes de educación pública: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, cuya aplicación provocó un cambio en el futuro laboral de la mayoría del magisterio en servicio, con nombramiento definitivo o provisional.

El ingreso al servicio profesional docente, plantea la reforma, se realizaría exclusivamente mediante concursos de oposición para garantizar la idoneidad de conocimientos y capacidades; y las plazas u horas disponibles se distribuirían entre quienes alcanzaron la calificación de idóneos y en orden de la puntuación obtenida en la prueba.

Además, preveía que el ingreso, promoción y cualquier movimiento en la carrera profesional se sujetarían al mérito, serían evaluados por instancias externas a las escuelas y zonas escolares, con alta competencia técnica y sin intervención sindical, a fin de eliminar la corrupción e influencia de factores extra-académicos en la carrera profesional y garantizar la competencia profesional de los seleccionados.

La investigación señala que, para las autoridades educativas los resultados de la evaluación de desempeño 2015-2016, identifican certeramente los niveles de desempeño docente: desde el insuficiente hasta el destacado, y se asegura que solo darán clase los mejor preparados.

Sin embargo, los resultados demostrarían que, en la lógica general de la reforma, es falsa la premisa de una relación directa entre las capacidades docentes y la falta de calidad, pues solo 15 por ciento obtuvo resultados insuficientes.

La diferencia entre los niveles de desempeño es muy imprecisa y no permite establecer alguna caracterización de los profesores de acuerdo con la puntuación que obtuvieron, agrega el reporte. No hay elementos para afirmar que, mediante los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia se hayan seleccionado realmente profesionales con “conocimientos y capacidades idóneas”; tampoco se puede tener certeza de que quienes fueron rechazados o alcanzaron un resultado insuficiente son efectivamente “no idóneos”.

Los procesos de evaluación, añade, deben revisarse con detalle, pues en el caso de la evaluación para la permanencia, no se evalúa el desempeño. El ingreso y promoción dependen de la aprobación de exámenes de opción múltiple.

La investigación precisa que la reforma educativa avanzó en su objetivo político y administrativo: recuperar el control en la administración de las plazas, pero no en su objetivo de selección del personal docente, directivo y técnico por mérito en el desempeño profesional.

Detalla que la reforma no partió de un diagnóstico explícito ni contó con una explicación acerca de la relación la nueva regulación laboral, cuyo eje es la evaluación del desempeño, y su finalidad que es el mejoramiento de la calidad del aprendizaje.

Aunado a esto, se llegó a culpar a los docentes por los deficientes resultados de aprendizaje de los estudiantes. Expone que ante la incertidumbre, temor y estrés a los que se somete a las escuelas a evaluar, no puede surgir la innovación pedagógica para una mejor formación de niñas y niños, ni para mejorar los resultados en las pruebas de aprovechamiento escolar en pruebas nacionales e internacionales.

Reconoce que el reordenamiento administrativo del sistema, promovido por la reforma, es una base para terminar con mecanismos corruptos de ingreso al servicio educativo; regularizar la situación laboral de directores y supervisores que permanecían como comisionados durante largos años, y para recuperar recursos que se extraían del presupuesto educativo, vía la comisión de trabajo en los sindicatos y en otras instancias.

La investigación del IBD agrega que, con la reforma, se pone fin a la utilización de plazas docentes en tareas sindicales, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de otros sindicatos magisteriales.

El estudio se puede consultar en http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3408