• Es de suma relevancia garantizar la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas en un contexto de violencia generalizada que ya costó la vida a varios de ellos.

Por: Redacción/

La próxima reforma al Poder Judicial de la Federación, deberá garantizar derechos humanos de la ciudadanía y su acceso efectivo a la justicia; el combate a la corrupción, la impunidad y el nepotismo, y la seguridad de sus integrantes frente a amenazas de la delincuencia organizada, aseveró la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña.

Asimismo, abundó, dicha reforma deberá incluir la equidad de género en su vida interna y la perspectiva de género en sus resoluciones, así como la garantía de reinserción social para sentenciados, particularmente de adolescentes y jóvenes.

“Es indispensable una nueva reforma a este Poder, porque la última que se le hizo en 1994, con objeto de prevenir la corrupción en su interior, quedó ya rebasada”, manifestó en un comunicado, relativo a su participación en la inauguración del foro “¿Hacia dónde va la reforma con y para el Poder Judicial?”

La diputada perredista consideró prioritario garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier cambio que a futuro se realice, porque los realizados en el pasado reciente, como la suma de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y los relacionados con la delincuencia organizada, imponen retos importantes al respecto.

“Es decir, ¿cómo generar una interacción positiva entre juzgadores y ciudadanos, a partir de una limitación de las facultades de los primeros y de los derechos de los segundos, de tal forma que se atienda la legalidad y se abata la impunidad?”, cuestionó la legisladora jalisciense.

Es de suma relevancia garantizar la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas en un contexto de violencia generalizada que ya costó la vida a varios de ellos.

En su consideración, también urge garantizar el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos para una defensa particular, así como las mujeres, las y los adolescentes en conflicto con la ley, y las y los trabajadores.

Respecto a los primeros, se pronunció por rediseñar la defensoría de oficio para dotarla de instrumentos legales y presupuestales que le permitan contribuir a la defensa de todas las personas, sin que éstas pierdan sus bienes en algún proceso.

En cuanto a las mujeres, faltan mecanismos especiales para la impartición de justicia con perspectiva de género, pero también políticas públicas dentro del Poder Judicial para garantizar la paridad de género en el ascenso y promoción en toda su estructura institucional.

Juárez Piña consideró necesaria la creación de nuevos juzgados, la capacitación del personal y hasta la disposición de espacios físicos adecuados para impartir justicia correctamente en el ámbito laboral.