Por: Redacción/
La diputada Ximena Puente De La Mora (PRI) explicó que la reforma a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, aprobada el pasado 3 de febrero, actualizó el marco jurídico en función de los cambios tecnológicos, fortaleció la protección de la privacidad y combatirá el robo de identidad.
“La reforma amplía la clasificación del listado de datos personales sensibles en nuestro país, para incluir preferencia sexual y datos biométricos obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales que permitan o confirmen la identificación de una manera inequívoca de una persona”, detalló en un comunicado.
La secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción dijo que es urgente que no existan más filtraciones de padrones de información personal, sobre todo ahora que las interacciones a través de la red van en aumento. En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, hay más de 80 millones de usuarios de internet, con un promedio de navegación de más de ocho horas diarias.
Asimismo, señaló que las empresas buscan nuevas estrategias de comunicación a través de lo digital y el gobierno explora utilizar la tecnología para hacer sus procesos de identificación más eficientes.
“Es indispensable la creación de un motor de datos personales biométricos como una solución confiable para su procesamiento, visión, búsqueda, almacenamiento y verificación, que permitan acreditar la identidad de las personas a partir de sus rasgos físicos, preservando siempre la seguridad y veracidad de la información”, insistió.
Consideró que el avance tecnológico si bien abre oportunidades en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, también implica riesgos en el tratamiento de los datos biométricos.
Puente De La Mora recordó que México ocupa el octavo lugar mundial en el robo de identidad; tan sólo en el primer semestre de 2020 se registraron 3 millones 171 mil reclamaciones contra los bancos, por 14 mil 237 millones de pesos.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación refiere que se encuentran en riesgo un estimado de 54 millones de personas en el país, un 68% de la población entre los 18 y 70 años, con al menos un producto financiero, por lo que resulta prioritario fortalecer la legislación en materia de datos personales sensibles.
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