Por: Redacción/

Durante el Foro: Diálogos Contemporáneos de Latinoamérica “Derecho, política y democracia para el desarrollo de la Región”, integrantes de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (Redipal), externaron opiniones sobre participación ciudadana, corrupción, democracia, derechos humanos, sistema político e impartición de justicia.

En el primer encuentro efectuado en el recinto de San Lázaro, especialistas de América Latina sostuvieron que el Estado de Derecho se puede fortalecer generando marcos jurídicos flexibles, claros y exactos, en donde los jueces no tengan la última palabra en la impartición de justicia y que la democracia sea vinculada a la libertad e igualdad.

El director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados, José María Hernández Vallejo, sostuvo que la Redipal genera elementos que fortalecen la democracia y las áreas de representación como los Congresos; por ello, las redes son fundamentales para la comunicación global y la toma de decisiones.

Avelina Morales Robles, directora de Servicios de Investigación y Análisis del SEDIA, señaló que el foro es una oportunidad para hablar de los problemas que aquejan, no solamente a México, “ya que todos de alguna manera estamos doliendo de lo mismo”.

Enrique Carpizo Aguilar, representante del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, expuso la necesidad de entender que el derecho es una expresión de la dignidad, ya que permite la protección de la humanidad.

Hay quienes sostienen que la política está por encima del Derecho; sin embargo, dijo, “esto es erróneo porque al día de hoy ésta no puede colocarse por encima del Derecho, ya que es una libertad de expresión. La normatividad en materia de derechos humanos debe ser flexible, es decir, buscar mecanismos interpretativos que permitan una mejor impartición de justicia”.

Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicó que los parlamentarios mexicanos deben asumir la responsabilidad de realizar las leyes claras y exactas “que no haya margen de duda para la aplicación de las leyes”.

Dijo que el sistema jurídico mexicano ha tenido aportaciones del ámbito internacional, las cuales a través de recomendaciones han logrado el pleno respeto del Estado de Derecho. Además, propuso no copiar ordenamientos de Estados Unidos y tomar en cuenta estrategias como las realizadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), quienes desarrollan esta labor mediante un procedimiento de evaluación y de seguimiento de las prácticas ilícitas.

Destacó que el ámbito internacional ayuda a fortalecer la democracia, los parlamentos, el pleno respeto de los derechos humanos y el combate a la corrupción; en este último caso, las naciones de manera conjunta buscan generar acciones para contenerla y limitarla.

Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sea efectivo es fundamental modificar las variables del sistema democrático en México, es decir, que las autoridades fiscalizadoras no sean designadas por los vigilados.

“Debe haber una separación entre fiscalizadores y vigilados, de lo contrario sólo será una simulación más del sistema político que no resolverá los problemas de corrupción que vive el país”.

Propuso hacer una combinación de requisitos que contengan la participación ciudadana para que esas designaciones no dependan de las nomenclaturas de los partidos políticos más importantes del país y este órgano no termine en correas de transmisión de quienes poseen el poder.

El investigador refirió que las democracias de América Latina son de baja intensidad, debido a que sus procesos electorales no garantizan los tres elementos y condiciones básicas, como el que sean libres, auténticas y periódicas.

“En México tenemos problemas con el voto libre, se compran votos, desvían recursos públicos para los procesos electorales, por lo tanto la democracia participativa, directa y deliberativa es muy débil, los elementos son pocos y cuando existen son manipulados”.

Estefanía Paola Cuello, académica en Argentina, argumentó que todas las naciones tienen Constituciones y ante un hipotético planteamiento de reforma, “sería pertinente incluir los derechos sociales y humanos aceptados; es decir, que los tratados se introduzcan tal cual”.

Preservar el estado constitucional de derechos, abundó, es un objetivo común, otro es sostener los sistemas democráticos y representativos de gobierno, así como el garantizar la operatividad de los derechos humanos. “De eso se trata de llevarlos a la realidad”.

El colaborador brasileño de Redipal, el académico Vagner Felipe Kühn, expresó que no se puede copiar institutos jurídicos de otros países como esperanza de que sirvan para solucionar problemas políticos y jurídicos locales; ni es posible establecer por ley una nueva forma de pensar los conflictos jurídicos esperando efectos instantáneos.

Afirmó que en Brasil, la crisis en la política ha puesto en duda a la democracia, lo que ha generado que se transfieran responsabilidades al Poder Judicial. La democracia, dijo, se ha debilitado por la dinámica de los mercados y el posicionalismo tiene un papel fundamental de fortalecimiento de la misma.

Paul Córdova Vinueza, representante de Redipal, Ecuador, manifestó que la última palabra para hacer justicia no necesariamente debe concentrarse en los jueces, así como el control Constitucional no tendrá que estar entre los parlamentos; para ello, propuso integrar a la ciudadanía para que tenga un protagonismo central y principal en las decisiones judiciales.

“El control popular permitiría que la última palabra no quede entrapada en autocomplacencia y discrecionalidad cerradas de los intérpretes judiciales o legislativos de la norma suprema, sino que realmente se imparta la justicia eficientemente”.

Por Argentina, el catedrático Federico Vaschetto señaló que si un país tiene un conjunto de libertades se puede decir que es democrático y justo. Relató que la ciudadanía es apática a los procesos de decisión y a la política, lo que genera caldo de cultivo y presenta una serie de violaciones a los derechos humanos, siendo algunas manifestaciones: obligaciones del fuero militar, uso de la fuerza, violencia contra las mujeres, feminicidio, desigualdad, inequidad salarial y falta de igualdad política.

Se manifestó por que toda política pública que emane de los órganos legislativos tenga señalamientos que sirvan como herramientas para los operadores de las leyes y que los recursos presupuestarios se asignen de una manera que garanticen un piso mínimo de respeto a los derechos, la utilización del máximo de los recursos disponibles y realización progresiva de los derechos humanos, que incluye la no discriminación, igualdad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Carlos Zúñiga Rendón, investigador ecuatoriano, expuso que la complejidad de las ciudades Estado-modernas, de las sociedades y de la expansión demográfica dificultó el ejercicio de la democracia moderna. No obstante, calificó como injusto que se diga que el sistema democrático esté en crisis, ya que es representativo porque sigue vigente el precepto de las libres expresiones y hacen ver que no ha decaído el modelo.

Es imprescindible, afirmó, tener un sistema de partidos para una democracia sana. Estas figuras han sufrido diversas transformaciones, como la diferenciación social, situación que ha vuelto compleja la estructura y disminuido a las identidades colectivas, que se han desplazado por pequeños grupos sociales y empiezan a tomar protagonismos en los congresos y se ven como vía alternativa a la justicia constitucional.

Carolina Estepa Becerra, representante de Redipal en Colombia, se manifestó en favor de que la democracia se vincule con la libertad y la igualdad; para ello, planteó la creación de una democracia humanista, donde no se dañe o lesione a otro, sino que los políticos y los ciudadanos convivan equilibradamente.

Agregó que no todo el que gobierna o se elige está capacitado para desempeñar el cargo; por lo tanto, el desconocimiento de la democracia individual va atrofiando a la social, lo que a su vez se corrompe por la ignorancia y la pereza, lo que repercute directamente a los derechos humanos.

Damián Descalzo, académico argentino, argumentó que desde el punto de vista social, América es el continente más desigual y para combatir la desigualdad con políticas que favorezcan el desarrollo social y económico, es la vía que se debe elegir. Además, precisó que las cartas magnas deben servir para mejorar el sistema democrático.

Una Constitución que no satisface las necesidades de la población, afirmó, no se puede considerar democrática, pues debe promover la justicia social. Agregó que América Latina vive una crisis por la corrupción, “y eso no explica el desarrollo de la región. Por ello, se debe combatir con todos los mecanismos posibles”.

De Perú, la catedrática Ivet Echeverría Vázquez mencionó que todos en sus diversos ámbitos “tenemos la responsabilidad de contribuir a la democracia”, y aseguró que la corrupción la viven todas las naciones, pero el reto está en el actuar ético de la vida personal de cada ciudadano.

Agregó que se puede lograr una democracia viviendo en justicia y respetando la igualdad. La corrupción altera el orden y la armonía, “y muestra una cara distorsionada de quien la práctica. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para contribuir a que la sociedad sea más honesta. La corrupción es un estilo de vida que genera desventajas y cuanto más simples sean los procesos administrativos, será más fácil controlarla”.