Por: Redacción/

Para evitar casos vergonzosos como el que ocurrió una mujer indígena que se erigió como autoridad en Chiapas, al ser destituida de su cargo, insultada y perseguida, bajo el argumento de los usos y costumbres en su comunidad, el diputado Alberto Martínez Urincho hizo un llamado para que el Estado mexicano garantice el reconocimiento de los derechos indígenas, ya que es uno de los grandes pendientes.

En entrevista, el legislador federal de Morena dio a conocer que el pasado 3 de octubre presentó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, una iniciativa de reformas a los Artículos 1 y 2 de la Constitución Mexicana, con el fin de dar seguridad y certidumbre en materia de derechos humanos, y su relación con el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Explicó que en dichas comunidades se presentan ciertos sucesos del orden jurídico que generalmente responden a normas culturales, núcleo de la población y el grado de autonomía que tiene respecto al aparato judicial del estado, que en determinados casos son violatorios de los derechos humanos.

“Es de conocimiento público que en las comunidades indígenas se juzgan delitos de carácter doméstico como el abandono de hogar, violencia intrafamiliar, pequeños robos y daños en propiedad ajena cometidos por animales, y que se imponen multas o se exige la reparación, además de exigir, principalmente mediante la presión social, que los infractores se corrijan”, puntualizó.

Derivado de ello, Martínez Urincho aseveró que con las reformas a los Artículos 1 y 2 Constitucionales, se pretenden resolver diferentes conflictos jurídicos, entre ellos que es una constante violación a la autodeterminación jurídica de los pueblos indígenas la imposición del Derecho positivo.

“El problema de la aplicación entre las leyes indígenas y la ley nacional es bastante compleja, no obstante que tanto en nuestra Carta Magna como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, elevado a categoría de tratado internacional, se reconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas”, recalcó.

En ese contexto, recordó que pese a que en 1996 el Gobierno Federal signó y se comprometió a respetar los “Acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre Derechos y Cultura Indígena” –dos años después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas–, en la práctica simplemente se negó a cumplir y dejó de lado los grandes pendientes nacionales para el reconocimiento de las comunidades indígenas.

Por último, informó que la iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.