Por. Redacción/

La persistencia de la tortura en México demanda a sociedad y autoridades a reconocer, entender y ver de frente el problema, ya que negarlo o relativizarlo a nadie ayuda y a todos perjudica, afirmó el Ombudsperson del país, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentarlo y consolidar con ello su democracia, su Estado de Derecho, así como el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos.

Al inaugurar el Taller “Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México”, González Pérez evidenció la magnitud del problema al destacar que del año 2000 a mayo de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 417 quejas por tortura y en ese tiempo ha emitido 100 recomendaciones y 2 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos relacionadas con ese tema, en tanto que en dicho tiempo se registraron 11,196 quejas y se emitieron 191 recomendaciones por malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes.

Explicó que durante el año pasado la CNDH emitió 16 recomendaciones en que acreditó tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes, así como la Recomendación por Violaciones Graves 5VG/2017 y 8 recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en tanto en este año se emitió la Recomendación 9/2018 por la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual contra una persona en el estado de San Luis Potosí, hechos atribuibles a 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Federal.

Acompañado en el presídium por Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos en México; Laura Zambrano, integrante de Enfoque DH; Natalia Barreto, representante de la Unión Europea, y María Sirvent, de Documenta, González Pérez refirió que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es oportunidad para enfrentar, abatir y prevenir esa práctica, pero su contenido debe materializarse para incidir en la realidad de las personas, tarea en la que autoridades y sociedad tienen mucho que aportar.

Puso en relieve que no debe haber tolerancia hacia la tortura, ni asumirla como inherente a la investigación de los delitos, ni como cultura o forma de justicia arraigada en nuestro país, ya que no hay niveles ni rangos aceptables de la misma, y un solo caso debe movilizarnos para investigar, deslindar responsabilidades, aplicar sanciones que procedan y, sobre todo, prevenir su repetición. No debemos esperar a que la tortura se presente para actuar. Detectar los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia dicha práctica es una de las claves para la prevención, aspecto al que no se le había dado la importancia debida desde hace varios años.