Por: Redacción/

En algunos estados de la República, la alerta de violencia de género “ha sido un fracaso” y es necesario modificar este mecanismo para garantizar la integridad y libertad de las mujeres, así como fincar responsabilidades por las omisiones de las autoridades que pongan en riesgo la vida de aquellas.

Así los destacaron senadoras, especialistas y representantes de organizaciones civiles en la segunda jornada de las “Audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en México”, que se llevó a cabo en el Senado de la República.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, dijo que el propósito es que esta alerta funcione adecuadamente para salvaguarda la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres.

Sin embargo, expresó, lamentablemente “hemos descubierto que esta extraordinaria herramienta ha resultado un fracaso. Un fracaso legislativo y un fracaso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y ha puesto en riesgo a muchas mujeres”.

En algunos estados, acotó, “ha tenido extraordinarios resultados. En otros, ha sido lento el proceso y en otros definitivamente ha sido un fracaso”.

El investigador Carlos Javier Echarri Cánovas consideró importante modificar dicho mecanismo, de tal manera que se separe el monitoreo y evaluación de las obligaciones de actores gubernamentales, de las acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados.

Dijo que es imprescindible contar con sistemas de información “que brinden una base empírica para el trabajo de los sistemas estatales y nacionales de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”.

Echarri Cánovas también expresó que “ya es tiempo de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó que la alerta de género no sólo sirve para generar acciones de carácter urgente, sino para corregir políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios.

“Urge la evaluación de las 18 declaratorias de alerta de género. Debemos plantearnos cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres. Debemos evaluar las líneas de seguridad, prevención y justicia, con un análisis de contexto que permita identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi”, detalló.

Martha Figueroa Mier, presidenta de la Colectiva Feminista Mujeres Libres, consideró que no sólo se tiene que sancionar a jueces y fiscales que no actúen conforme a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en el caso de Mariana Lima y que pide que cuando se indague la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben actuar con perspectiva de género.

La subsecretaria de Coordinación y enlace a organizaciones sociales de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Nayeli Ávila Carrera, aseveró que para realizar acciones en términos de política pública a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se debe tener una línea directa desde el ámbito federal y contar con un banco actualizado de datos.

Reconoció que la declaratoria de alerta de género en Guerrero sirve para sensibilizar y acabar con la apatía al interior del estado. “Debemos posicionarla en la agenda pública, para que, de manera coordinada, se implementen medidas de prevención y erradicación”.