Por: Redacción/

Al inaugurar el Conversatorio “Avances y propuestas legislativas a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, resaltó las distintas reformas que el Senado de la República ha aprobado para la protección de la infancia, como la prohibición del matrimonio infantil y la incorporación del Derecho a la Paz.

Precisó que el reconocimiento del Derecho a la Paz, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, abona a la protección del desarrollo integral de la niñez. Agregó que fue avalada la prohibición del matrimonio infantil y que se trabaja en protocolos de protección para los niños en condiciones de desamparo, derivado de la violencia que prevalece en el país.

En materia de violencia sexual, recordó que en días pasados presentó una iniciativa para que el abuso sexual contra menores nunca prescriba en el país. Sin importar cuando se denuncie, la víctima tendrá acceso a la justicia, aseguró. En este momento, dijo, cinco millones de menores son víctimas de crimen de violencia sexual, de los cuales casi 8 de cada 10 ocurren en el hogar.

En su exposición, Isabel María Crowley, directora ejecutiva de la Fundación Juconi México, informó que en colaboración con la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado de la República y la sociedad civil, se ha trabajado en la elaboración de algunas propuestas para reformar algunas leyes mexicanas.

Se pretende, dijo, que esas ideas sirvan para modificar el Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales en cuanto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, para que no pierdan vigencia en cuanto a la denuncia.

También en Ley Federal del Trabajo, en lo relativo al trabajo infantil en minas, en depósitos de residuos sólidos y otros sitios peligrosos para la salud; en la Ley de Migración para proteger a los menores que atraviesan el territorio mexicano, al Código Civil, para que los hospitales -públicos y privados-, tengan obligación de reportar todos los nacimientos.

Daniel Ponce, coordinador de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), llamó a reformar el Código Federal para establecer el delito de reclutamiento forzado, así como fortalecer las procuradurías federales para su protección, a fin de que cuenten con recursos humanos mejor preparados, ya que de no ser así, persistirá la incapacidad del Estado para responder cuando se violentan sus derechos.

Urgió a elaborar un Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, y a reformar la Ley de Planeación, a fin de incluir la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, en la definición del presupuesto. Asimismo, dijo que no se debe olvidar a los hijos de los victimarios, pues no establecer políticas públicas o reformas para su apoyo, abre la posibilidad de que repliquen las conductas de sus padres.

En el Conversatorio, organizado por el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, también participaron Amanda Griffith, Chief Executive Officer at Family For Every Child; Anna Feuchtwang, Chief Executive at National Children’s Bureau, y Lola Álvarez-Romano, de la Clínica Tavistock.