Por: Redacción/

Las políticas públicas deberían contribuir de manera efectiva a resolver las necesidades de la población y asegurar que la definición de estrategias y líneas de acción permitan satisfacer el contenido mínimo de los derechos humanos, advirtió la doctora Abigail Rodríguez Nava, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Cuantitativamente existen datos que revelan efectos negativos ocasionados por la implementación de lineamientos gubernamentales en consumidores, empresas y bancos comerciales, por lo que a través de un análisis de optimización estocástica que sigue la metodología neoclásica, la investigadora ha desarrollado estudios sobre cómo los individuos eligen en condiciones de riesgo e incertidumbre en materia de consumo, inversión, empleo y producción.

Lo anterior es posible observarlo en la aplicación de la actual política monetaria, la cual influye en el establecimiento de las tasas de interés cuyas repercusiones impactan en forma directa en las personas cuando toman la iniciativa de solicitar un crédito, pero también determina sus niveles de consumo y ahorro.

En entrevista la académica del Departamento de Producción Económica –quien obtuvo el Premio de Investigación 2017 para científicos jóvenes, en el área de Ciencias Sociales que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en reconocimiento a su trabajo Los impactos de la política fiscal y monetaria sobre las decisiones de los agentes económicos– sostuvo que las empresas igualmente resultan afectadas en términos de sus capacidades y necesidades de financiamiento para la producción o si desean realizar alguna inversión financiera.

Una modificación de la tasa de interés de base por parte de la autoridad monetaria trae consecuencias sobre la oferta de crédito de la banca comercial, así como sobre la decisión de inversión, producción y generación de empleos por parte de las organizaciones.

Por ejemplo, en el caso del programa de pensiones a adultos mayores del gobierno federal, desde su formulación original debe plantear en sus reglas de operación un enfoque de derechos humanos.

“Allí tendría que establecerse si se trata de un beneficio universal o focalizado, aclarando los criterios de uno u otro alcance. Al mismo tiempo, debería incorporar una perspectiva de género y mecanismos de transparencia en el otorgamiento de recursos, entre otros elementos”, anotó.

Entre las obligaciones del Estado se encuentran la de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos así como los principios y mecanismos para lograr la visión integral del enfoque: universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, igualdad y no discriminación, equidad de género, participación e inclusión, rendición de cuentas y transparencia, y la vigencia del estado de derecho.

“Los programas de política económica por lo regular se construyen sin un conocimiento muy detallado de las personas”, al mismo tiempo que la sociedad requiere fomentar una cultura financiera para tomar decisiones que impulsen resultados positivos en la conformación de su presupuesto familiar con base en datos e información.

La docente de la Licenciatura en Economía y el Posgrado en Ciencias Económicas de la Unidad Xochimilco de la UAM sugirió impulsar acciones para generar una conciencia de ahorro y utilizar los créditos de manera responsable, mediante la generación de estrategias de divulgación.

“Si bien todo lo anterior se ha colocado por escrito a raíz de las últimas reformas estructurales aún resta comprobar que se lleven a cabo todas esas reglas de operación en la práctica. En la reforma energética está presente la entrada de nuevas empresas ofertantes de gasolina, con políticas de flexibilización de mercados que se esperaría se traduzcan en beneficios inmediatos para la población”.