Por: Aldo Herrera
La más reciente recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicada en el Diario de la Federación el pasado 10 de marzo, puso en evidencia que la libertad de expresión en México vive momentos muy delicados.
Ante el incremento de las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, la CNDH dio a conocer el pasado 8 de febrero la recomendación general “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” dirigida a la procuradora general de la República, Arely Gómez; a los secretario de Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón Sanz; al comisionado nacional de Seguiridad, Renato Sales Heredia; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; así como a los gobernadores, a los secretarios de seguridad pública, presidentes municipales y jefes delegacionales.
En ella, devela que de 2001 a 2015 hubo un incremento de más del doble en cuanto a quejas recibidas por el organismo en lo que respecta a agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
El documento especifica que de 2001 a 2005, hubo un promedio de 41.6 quejas por año; para 2006 a 2010 se registró un promedio anual de 78 quejas (es decir, un incremento del 87.5 por ciento respecto a los cinco años previos) y de 2011 a 2015 se presentaron un promedio de 87.8 quejas por año (un incremento de 12.5 por ciento respecto al lustro anterior), por lo en 15 años, el aumento total fue de 111 por ciento.
Respecto a los homicidios cometidos en contra de comunicadores, la recomendación menciona que se ha dado un incremento constante a partir del año 2000, alcanzando un máximo de 12, entre los años 2009 y 2015.
Resaltó que los 109 homicidios de periodistas registrados desde el año 2000 y hasta el 31 de enero de 2016, han ocurrido en diversas entidades federativas. No obstante, afirma que seis de cada diez asesinatos de periodistas se cometieron en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
El pasado 8 de febrero, la reportera Anabel Flores fue secuestrada de su casa en el estado de Veracruz. Un día después, su cuerpo aparecería sin vida sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en el estado de Puebla. | Foto: Especial
En tanto, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, registró entre 2005 a 2015 un total de 20 desapariciones de periodistas, siendo los años 2010 y 2012, en los que se presentaron cuatro casos en cada uno de esos años.
De igual manera, el documento menciona que de 2006 a 2015 se registraron 48 atentados contra instalaciones de los medios de comunicación, con un incremento significativo a partir de 2010.
Además del aumento en las agresiones a periodistas, se advierte que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública no han logrado inhibir los ilícitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación, tales como las desapariciones, lesiones, amenazas, intimidación y atentados, entre otros.
Sumado a ello, el organismo afirmó que las procuradurías y fiscalías de justicia no han logrado esclarecer los hechos delictivos y han incurrido en el retraso de los procesos iniciados por esos hechos, lo que afirmó, repercute en el grado de impunidad y en la situación de los periodistas y medios de comunicación en el país.
Al respecto, la CNDH afirmó que dio seguimiento a 176 averiguaciones previas iniciadas por los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, de lo que obtuvo datos que dan cuenta del gran problema de impunidad en este tipo de crímenes en el país, pues en tan solo 17 casos, es decir, 10% de las indagatorias iniciadas por esos hechos, el juez de la causa dictó sentencia, lo que implica un 90% de índice de impunidad.
En agosto de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa fue hallado muerto junto con otras cuatro personas dentro de un departamento en la Ciudad de México. | Foto: Mugs Noticias/Valentina López
Ante esto, la CNDH dirigió recomendaciones específicas en las que solicita el esclarecimiento de los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y se agoten todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión.
También, la revisión exhaustiva de las averiguaciones previas y su resolución; la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra la labor periodística y la libertad de expresión, así como de mecanismos y reglamentación locales para la protección de periodistas, y el ejercicio de la facultad de atracción de los casos cuando así proceda por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en beneficio de las víctimas.
Del mismo modo, el organismo propuso la capacitación de servidores públicos en materia de derechos humanos y libertad de expresión; el promover legislación en materia de protección a periodistas; garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores; promover reformas para despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnia; prever medidas y protocolos para casos de agresiones contra periodistas, y elaborar mapas de riesgos, entre otras cuestiones.
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