Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Luis Maldonado Venegas, recibió de parte del auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, el documento titulado “Primera entrega de informes individuales correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017”, que incluye 344 auditorías específicas y lo turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Aseguró que los integrantes de la Comisión revisarán y analizarán con todo detalle el informe para que, en breve, se reúnan a formular sus planteamientos, recomendaciones y estrategias que contribuyan a fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización Superior y de Rendición de Cuentas.

La ley prevé que este informe debe ser entregado el último día hábil del mes de junio, por lo que, “estamos en ese momento preciso que marca la ley, recibiendo este documento y todos sus anexos”. En abono de la máxima publicidad, dijo, estará a disposición en los medios electrónicos para que todos puedan acceder a él.

Manifestó que la recepción de los informes es una práctica necesaria, pero “no se trata de que la ley quede sólo en letra, sino hacerla realidad en la práctica institucional”.

“La instancia que presido deja huella trascendente al ser artífice del nuevo marco en materia de fiscalización y rendición de cuentas. La legislación otorgó nuevas competencias y atribuciones a la ASF pero, sobre todo, fija la pauta para que el ente fiscalizador emprenda una etapa de renovación en su diseño institucional y procedimientos, para poder alcanzar integralmente sus objetivos”, afirmó.

Al iniciar los posicionamientos, la diputada Claudia Sofía Corichi García (MC) expresó que la entrega de los primeros informes de fiscalización, nos recuerda a todos que más allá de diferencias políticas o partidistas, debemos vigilar el buen uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, y exigir transparencia y rendición de cuentas.

“El país está sediento de que se acabe con la impunidad y hoy la ASF juega un papel importante en ello”; la Auditoría tiene pendiente ofrecer mayor información sobre la fiscalización de la deuda pública, ya que uno de los problemas más críticos que amenazan la gobernabilidad, es la impunidad y la corrupción, subrayó.

Paloma Canales Suárez, diputada del PVEM, señaló que México vive un momento histórico, está a horas de celebrar una jornada electoral de gran trascendencia, y “el mensaje que envíe esta entidad fiscalizadora a la sociedad se convertirá en un aspecto medular, al ratificar su compromiso irrestricto con un trabajo técnico, profesional e imparcial al margen de toda consideración política en la revisión de la Cuenta Pública”.

La conservación de esta posición será el sustento de la credibilidad de los resultados obtenidos, además de convertirse en condición necesaria para hacer de la fiscalización, un agente de cambio para el mejoramiento de la gestión pública en el país, privilegiando de manera permanente el carácter preventivo y correctivo de la auditoría, sin que implique retroceder en la responsabilidad de promover medidas sancionatorias ante las autoridades competentes.

Por Morena, la diputada Maricela Contreras Julián, dijo que aunque esta Legislatura aportó para la construcción del nuevo sistema de fiscalización, “no hubo avances en 656 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación y tampoco voluntad política para la revisión de once cuentas públicas aprobadas por esta Cámara de Diputados”.

Pondremos atención en los resultados que hoy nos entregan, pues son del ejercicio de recursos de un año anterior a las elecciones “que por las experiencias que se tienen, existe la tentación de desviar el presupuesto y hacer un ejercicio indebido de la función pública”.

El diputado Eukid Castañón Herrera (PAN), destacó que es necesario castigar la corrupción. “Requerimos una fiscalización que permita castigar a quienes incumplan la norma, pero también una rendición de cuentas que ayude a los funcionarios a corregir el camino; necesitamos una nueva manera de administrar los recursos”.

“Hoy se enfrentan grandes retos en esta materia, por lo que la ASF debe generar tendencias y una nueva manera de definir lo que es la fiscalización que dé números absolutos y no un volumen majestuoso de observaciones que muchas veces sólo buscaron satisfacer la coyuntura política”, enfatizó.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) afirmó que los resultados de los informes individuales no constituyen un elemento decisivo para la designación de responsabilidades, implican la primera aproximación de hallazgos detectados por la Auditoría, que “deben ser vistos de manera objetiva y en la proporción adecuada para evitar sobredimensionarlos”. Explicó que ésta es la primera de cinco etapas para conocer los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.

La suma de los plazos establecidos en la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, desde la presentación de los informes hasta el pronunciamiento de la ASF respecto a la información proporcionada por las entidades fiscalizadas es un máximo de 160 días hábiles. “Quien difunda los informes individuales debe precisar que no contienen resultados conclusivos, sino de carácter preliminar”.

ASF realiza 344 auditorías a las Cuenta Pública 2017

Al hacer entrega del documento, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, informó que se realizaron 344 revisiones, equivalentes al 22 por ciento del total de las mil 592 auditorías programadas para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017.

Informó que el organismo a su cargo emitió 724 recomendaciones, 337 pliegos de observaciones, 620 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 33 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 176 solicitudes de aclaración.

Precisó que de las 344 revisiones, 246 tienen enfoque de cumplimiento financiero, 67 se refieren al cumplimiento financiero con enfoque de desempeño y 31 a auditorías de desempeño. En el grupo de las 246 auditorías, se incluyen 39 a inversiones físicas.

Subrayó que es necesario comunicar eficazmente que los informes individuales, que hoy se presentan, no constituyen el fin de un proceso, sino más bien, se refieren al inicio del seguimiento de las acciones y observaciones de auditoría, con un carácter dinámico.

La percepción equívoca de que la presentación de los informes individuales es la conclusión del proceso de fiscalización, ha dado lugar a desvirtuar el trabajo de la ASF y a generar una idea de impunidad sin sustento, por no haber transmitido adecuadamente los límites del alcance de los resultados de nuestro trabajo.

Cuando se aclaran las acciones que se anuncian en este tipo de eventos, se da pie a concluir que con la fiscalización superior no pasa nada. Por ello, se precisa aclarar que aún están pendientes varias etapas, incluida la posible presentación de denuncias de hechos y, en su caso, las sanciones que correspondan, por lo que el proceso no se puede considerar como terminado.

Colmenares Páramo expuso que respecto a los sistemas de información y padrones, la Auditoría identificó la existencia de un registro inadecuado de información en diversos sistemas informáticos, lo que generó que, durante el proceso de dispersión de apoyos, éstos no correspondieran con los montos mínimos y máximos previstos en las reglas de operación en la entrega de subsidios.

Sobre las contrataciones al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se fiscalizó un contrato celebrado entre la SAGARPA y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, y se determinó que dicha institución de educación superior no disponía de la capacidad técnica para presentarse como proveedor.

En lo relativo a la venta de la participación accionaria de PEMEX en Ductos y Energéticos del Norte, señaló que se tuvo conocimiento de que la empresa productiva del Estado obtuvo recursos por 3 mil 126 millones de pesos. “No se ha acreditado a la ASF que dichos recursos se destinaran a la mejora de la rentabilidad de petrolera, como fue acordado por su Consejo de Administración”.

De igual forma, se determinó que siete dependencias del gobierno federal no reportaron a la Tesorería de la Federación 2 mil 735 garantías por 3 mil 82 millones de pesos.

A su vez, la ASF planteó la necesidad de fortalecer la colaboración y coordinación entre Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONDUSEF y la Cofece, a fin de analizar periódicamente los factores que inciden en el nivel y evolución de las tasas de interés, las comisiones y la competencia, con el propósito de mitigar fallas de mercado y robustecer la información que se le proporciona al usuario.

Además, identificó, con información de Banxico, que los cinco oferentes más grandes en cada segmento de crédito tuvieron una participación entre el 75.3 y el 98.6 por ciento del mercado. Se recomendó fortalecer los programas de inclusión y educación financiera, para coadyuvar a reducir la concentración y mejorar la competencia en la banca múltiple.

Comentó que entre los hallazgos de la fiscalización de los servicios de guarderías y estancias infantiles, en el 2017 los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplieron con la meta al atender y cuidar a 227 mil niñas y niños, hijos de sus derechohabientes, y la Secretaría de Desarrollo Social” a 327 mil de infantes de padres sin acceso a seguridad social.

Remarcó que en estas auditorías se identificó que la política de guarderías y estancias infantiles presentan deficiencias, pues no se dio acceso a la totalidad de los infantes que solicitaron el servicio; no se garantizó la integridad física de los menores en todos los establecimientos; no hay certeza que todos los centros cumplan con la calidad y el personal capacitado y que los pequeños hayan adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para su desarrollo.

En cuanto a las revisiones al Sistema de Protección Social en Salud, se encontró que en 2017, a través del Seguro Popular, se otorgó financiamiento para que más de 53 millones de personas dispusieran de un esquema de aseguramiento en salud.

Sin embargo, expresó que a 14 años de operación este sistema no cuenta con información ni indicadores y metas, para evaluar el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Agregó que en 2017, más de 14 millones de personas no contaron con acceso a la seguridad social; asimismo, de 2013 a 2017, la cobertura de la población potencial se redujo en 6.2 por ciento, al pasar del 85.4 al 79.2 por ciento.

Respecto a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), destacó que la regulación y supervisión realizada por la SHCP y la CNBV a los FIRA contribuyó a atender el insuficiente financiamiento y reducida inclusión financiera de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural.

Además, se observó la falta de indicadores para evaluar las etapas del proceso de crédito, de objetivos y metas para cada uno, y de la cuantificación de la población atendida por los fideicomisos, por lo que se requiere que los FIRA identifiquen y documenten la operación de cada uno, a fin de evaluar su desempeño particular y su efecto en su población objetivo.

“Es importante señalar que los montos otorgados se concentraron en grandes empresas, lo que no reflejó la democratización del acceso al financiamiento, para los segmentos de la población actualmente excluidos”, apuntó.

Expuso que de los asuntos que fueron fiscalizados en Cuentas Públicas anteriores, se implementará una política de total transparencia sobre el seguimiento de las acciones emitidas como resultado de la fiscalización practicada.

Afirmó que esta política permitirá dar seguimiento a los casos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; adquisiciones y puesta en operación de plantas de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX; Paso Express de Cuernavaca, Morelos; Contratos de obra pública adjudicados a la Constructora Norberto Odebrecht, y Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Informó que se han girado instrucciones para mostrar total apertura y transparencia al seguimiento de los Pliegos de Observaciones emitidos como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 a 2016, los cuales, en el caso de las dependencias más observadas, ascienden a 71. Hasta el momento, 11 de ellos dieron pie al inicio de procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria.

Estos procedimientos, detalló, involucran un monto de más de mil 88 millones de pesos y se relacionan con 72 presuntos responsables, de los cuales 63 son personas físicas y nueve son personas morales.

Asimismo, mencionó que se ha instruido para que la ASF se coordine permanentemente con la Procuraduría General de la República, respecto a las 17 denuncias penales que se han presentado sobre el tema, que involucran un monto de 3 mil 37 millones de pesos, y que actualmente se encuentran en etapa de integración.

Dijo que entre la prospectiva de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se encuentran los temas de gestión financiera de programas sociales en el año electoral y publicidad oficial con énfasis en las adecuaciones presupuestales que se realizan a lo largo del ejercicio fiscal.

También se supervisará el impacto de la nueva infraestructura ferroviaria; contrataciones de entidades públicas al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, y desempeño de las autoridades competentes en el proceso de reconstrucción, derivado de los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017.

Precisó que, respecto al tema de la reconstrucción y adicional a lo que se presente en 2018, en las entregas de octubre de este año y febrero del 2019 se harán públicos los resultados de auditorías sobre el año fiscal 2017.

El auditor superior detalló que se tiene previsto que en octubre y febrero próximos, se presente el 78 por ciento de las restantes auditorías programadas para la Cuenta Pública de 2017, cifra similar a la que se observó en la fiscalización del año anterior, en donde se registró un 73 por ciento de auditorías entregadas en dichos meses.

Adelantó que la Auditoría firmará un convenio de colaboración con los centros de estudios de la Cámara de Diputados, “los cuales tienen niveles de excelencia en la función y finanzas públicas, en los aspectos jurídicos y, evidentemente, constituirán un elemento de fortalecimiento”.