Por: Redacción/
El decreto que establece las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pone en riesgo la preservación de las áreas naturales protegidas, pues compromete gravemente la operación del organismo que tiene bajo su responsabilidad la conservación del patrimonio natural de nuestro país.
Así lo consideraron senadores del Grupo Parlamentario del PT, quienes presentaron un punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no sufra ninguna reducción presupuestal.
Ello, advirtieron, afectaría drásticamente las partidas con las que se cubren los gastos relativos a luz eléctrica, gas, agua, gasolina, renta de oficinas, alimentación de guarda parques, sueldos y otros indispensables para el adecuado desempeño de las funciones del organismo.
Recordaron que el pasado 23 de abril se emitió el decreto que establece las medidas de austeridad para enfrentar la crisis económica y sanitaria, que busca redistribuir una parte de los recursos administrados por el Poder Ejecutivo y asegurar la operación de los programas prioritarios a su cargo, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población.
La fracción segunda del documento dispone que “no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido”, añadieron los legisladores del PT.
Hicieron hincapié en que sería un duro golpe presupuestal para las autoridades ambientales federales, ya que desde las últimas administraciones los recursos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se han reducido casi 50 por ciento.
Destaca particularmente la situación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ha padecido una disminución presupuestaria equivalente al 86 por ciento en los últimos siete años.
Dicha comisión, agregaron, tiene bajo su responsabilidad la conservación del patrimonio natural de las 182 áreas naturales protegidas ubicadas a lo largo del territorio mexicano. Las cuales, conforman una superficie de más de 90 millones de hectáreas correspondientes a ecosistemas marinos y terrestres.
La propuesta que fue suscrita por las senadoras Alejandra del Carmen León Gastélum, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los senadores Joel Padilla Peña y Miguel ángel Lucero Olivas, del PT; así como Eva Eugenia Galaz Caletti, de Morena, fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente.
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