• Las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo y la Secretaria de Energía sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo.

Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRI expresó su enérgico rechazo a los intentos de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial, luego de que un juez federal suspendiera de manera temporal la aplicación de la reforma eléctrica.

“En ningún gobierno democrático es aceptable violar la autonomía de jueces y magistrados, romper la división de poderes y poner en entredicho el Estado de Derecho. Nada ni nadie por encima de la Constitución”, aseveró la bancada en un comunicado.

Consideró que las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo y la Secretaria de Energía sobrepasan los límites constitucionales y legales de su encargo.

“Lamentamos su intención de amedrentar a un órgano jurisdiccional ante el cumplimiento de sus obligaciones, al otorgar la suspensión provisional contra la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y las consecuencias derivadas del decreto”, asentó.

Las y los diputados priistas apuntaron que con este intento de injerencia lo que está en juego es la prevalencia de la democracia y de la República y sólo los gobiernos autoritarios pueden considerar un obstáculo el cumplimiento de la Constitución

Agregaron que esta no es la primera vez que el Poder Judicial le corrige la plana a las decisiones mal tomadas por la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión.

Recordaron que especialistas jurídicos advertían en el Parlamento Abierto sobre la inconstitucionalidad de la Iniciativa Preferente y los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema Corte donde determinó la inconstitucionalidad de los Acuerdos Administrativos promovidos por la Secretaría de Energía en la materia.

Incorporando estos argumentos, así como la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, subrayaron, presentamos un Voto Particular alertando al Pleno que la Iniciativa Preferente incluía artículos inconstitucionales.

Acusaron que ante las voces de alerta la mayoría en la Cámara de Diputados respondió con oídos sordos y datos imprecisos que se tradujeron en un pobre trabajo parlamentario.

Manifestaron que la suspensión provisional dictada por el juez especializado en materia de competencia económica se lleva a cabo ejerciendo con autonomía su altísima encomienda constitucional y no hay espacio para la intimidación o el descrédito desde otro poder.

“Somos enfáticos. Las y los jueces y magistrados deben tener la garantía de que podrán ejercer sus funciones con independencia y autonomía. Si bien sus fallos pueden ser recurridos, ello deberá ser bajo el principio de la independencia del Poder Judicial y con los procedimientos considerados por la ley, por lo que se debe evitar cualquier interferencia de otro Poder del Estado en su labor jurisdiccional”, finalizaron.