Por: Redacción/
Debido a que no alcanzó el tres por ciento de la votación válida emitida para la conservación de su registro, el Partido Humanista de la Ciudad de México se encuentra en la etapa de prevención, en la que el interventor tiene una obligación conjunta con el responsable del partido para la realización de los actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes, obligaciones y recursos, por lo que todos los gastos que realice deberán ser autorizados expresamente por el interventor.
Dado que el interventor tuvo conocimiento de movimientos atípicos en la administración y manejo de los recursos del partido y contrarios a los criterios de pago autorizados por él, se vio en la necesidad y obligación de tomar las medidas preventivas para la conservación, en la mayor medida posible, de los recursos que forman parte del patrimonio del partido.
El IECM reconoce los derechos de los trabajadores del Partido Humanista de la Ciudad de México, por lo cual, cada una de las acciones realizadas por el Interventor ha sido tomada considerando no sólo las cuestiones reglamentarias, sino atendiendo a los fines que la normativa electoral señala.
Cada trabajador cuenta con necesidades vitales y también con el derecho al pago de su salario, por tanto, el objetivo primordial del IECM de tomar las decisiones que brinden mayores garantías a quienes laboran en el partido.
Hasta el momento, se ha realizado el pago correspondiente a tres quincenas autorizadas por el interventor el 10 de julio, así como el 23 y 28 de agosto de 2018.
Cabe señalar que se está trabajando para la regulación del pago en la totalidad de los trabajadores, de aquí hasta el momento de la pérdida del registro del partido.
No puede perderse de vista que en ningún momento se le ha negado el derecho que tiene de ayudarse de financiamiento privado y ocuparlo para el pago de sus nóminas en tanto el interventor lleva a cabo los análisis de la información que se le ha presentado.
El IECM está comprometido con la ciudadanía y debe privilegiar los principios de transparencia y rendición de cuentas, para poder responder a la confianza que la y los ciudadanos de la Ciudad de México tienen depositada en él y en los servidores públicos que lo integran.
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