Por: Redacción

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, realizó un Cateo con autorización judicial como parte de una investigación ministerial a una bodega que contenía artículos y materiales tales como: colchonetas, cobijas, despensas, entre otros, los cuales fueron entregados a un municipio del estado de Coahuila, el año pasado, a consecuencia de los desastres naturales generados por la época de lluvias acontecidos en esa entidad, un hecho que puede configurar un delito en perjuicio de la Federación.

Derivado de las investigación que realiza el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la FEPADE, se desprende una presunta responsabilidad de las autoridades municipales que dieron un mal uso a dichos materiales, ya que los mismos no se utilizaron para la atención del desastres natural en comento, sino que fueron almacenados en una bodega y han sido repartidos posteriormente con fines electorales o distintos a los originalmente destinados.

Cabe señalar que, en la investigación realizada por la FEPADE, se señala que a 5 meses de haber ocurrido la emergencia en cuestión, no existen registros ni informes respecto al destino de los recursos otorgados, lo que hace suponer y presumir que la administración municipal hizo uso ilícito de los recursos otorgados por la Federación.

En la diligencia de Cateo, se detectaron 13 mil colchas, 1,500 productos de limpieza para el hogar, 300 cajas de despensa y más de 6,000 productos de limpieza personal para hombres y mujeres. Es importante señalar que esta es la primera vez que FEPADE realiza un Cateo y decomiso de materiales que son usados para condicionar el voto en un proceso electoral.

Cabe mencionar que la Fiscalía Especializada y su Titular Santiago Nieto Castillo, realizan todas las investigaciones que se presentan, con plena imparcialidad y persiguiendo los delitos electorales que las personas cometen sin importar filiación partidista o institucional; asimismo, Nieto Castillo, reitera su compromiso de perseguir el delito de compra y coacción del voto a través del condicionamiento de programa sociales, ya que estos últimos son un derecho social de las personas de escasos recursos y no como dadivas partidistas.