Por: Redacción/

La Comisión Especial de Participación Ciudadana, presidida por el diputado Tristán Canales Najjar (PRI), inauguró el curso “Participación ciudadana y gobernanza: Nuevos enfoques de lo público”, con el fin de que los asistentes adquieran conocimientos actualizados sobre el alcance y la realidad política de esos temas.

Jorge Carbajal, especialista en procesos participativos y esquemas de gobernanza, en el proyecto “Fortalecimiento de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, estimó que es importante contar con herramientas y bases para incursionar en el diseño, análisis y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Subrayó que en las últimas décadas el Estado mexicano ha reconocido formas no electorales de participación ciudadana, a través de mecanismos en los ámbitos federal, estatal y municipal, que se han establecido formalmente en instrumentos como leyes, reglamentos, lineamientos y programas.

Mencionó que en la década de los 80 se crearon los Consejos de Planeación Democrática en todos los estados y municipios; en los 90, los Comités de Participación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) de la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Agregó que las formas institucionalizadas de participación se han multiplicado en el gobierno. En la Administración Pública Federal, apuntó, existen 471 mecanismos, muchos de los cuales se encuentran establecidos en leyes generales y federales.

También, en el ámbito internacional, el gobierno ha firmado instrumentos multilaterales para impulsar la participación ciudadana como la Declaración de Gobierno Abierto en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, firmada en septiembre de 2011.

Mencionó que en el estudio “Métrica de Gobierno Abierto 2017”, señala que los mecanismos para incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones son dispersos y, en general, poco eficaces; además, los ciudadanos suelen encontrar dificultades para activarlos y para asegurar una vinculación entre la expresión de sus preferencias y los procesos sustantivos de los entes públicos, debido a la falta de un andamiaje conceptual y normativo.

El curso tendrá duración de ocho horas, entre los días 22 y 24 de mayo. El tema de hoy abordó el concepto de participación ciudadana relacionado con la incidencia en los asuntos públicos, por parte de actores sociales en un marco de ejercicio de derechos humanos, lo cual se manifiesta en una multiplicidad de formas en distintos procesos dentro de lo público estatal.

Durante el segundo día de trabajos, se abordará la colaboración de los ciudadanos como un derecho humano, ya reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos. El objetivo es identificar sus características y las implicaciones para los Estados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

Con el tema “Derecho a la participación y los Objetivos de Desarrollo Sustentable”, se analizarán las Constituciones de otros países que reconocen explícitamente esta garantía, mediante mecanismos de democracia representativa, directa y participativa. Además, se estudiarán las Constituciones que integran un “poder ciudadano”, equivalente a los poderes públicos tradicionales, y se plantea la vinculación entre el derecho a la participación y la agenda 2030 con los ODS.

Intervendrá Alberto Rojas, especialista en procesos participativos y esquemas de gobernanza del Proyecto 00089477 “Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental para la sustentabilidad 2014-12019”.