Por: Redacción

Tras señalar que el Estado Mexicano está obligado a garantizar que las personas con discapacidad en el país tengan pleno acceso a todos los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, el Presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso del Gobierno de la República de trabajar en favor de las personas que enfrentan una condición de discapacidad.

Acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Primer Mandatario señaló que en México más de 7.6 millones de personas están en condición de discapacidad, y “advertimos que muchos de ellos no tienen acceso real y efectivo a gozar de los derechos que consagra nuestra Constitución”.

Recordó que hace ocho años entró en vigor en México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, y en ese marco, añadió, hoy “reafirmamos nuestro compromiso de articular nuestros esfuerzos para que ajustemos el marco legal y las políticas públicas que emprendemos, a lo que marca nuestra obligación en atención a la suscripción que México hiciera de la Convención aprobada hace 10 años por parte de Naciones Unidas”.

Informó que en próximos días enviará al Congreso de la Unión “un paquete de iniciativas para ajustar muchas de nuestras leyes a los términos que están previstos en la Convención, para que seamos congruentes entre lo que postulamos y comprometimos y lo que las leyes que tenemos estén garantizando”.

El Presidente Peña Nieto instruyó a los titulares de las dependencias de su Gabinete cuya actuación tiene incidencia en asegurar derechos para las personas con discapacidad, para que se reúnan al menos una vez cada semestre con las organizaciones sociales “y puedan definir líneas de acción y de política pública para avanzar en este esfuerzo”.

También indicó que el trabajo conjunto de los diferentes órdenes de Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil debe permitir “adecuar nuestro marco legal para que podamos tener leyes en las entidades federativas, y en el orden federal, que estén dedicadas y pensadas para asegurar los derechos de las personas con discapacidad”.

Ante Gobernadores de distintos estados del país, miembros de su Gabinete y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el Titular del Ejecutivo Federal también resaltó la necesidad de dedicar esfuerzos “para que podamos tener un Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad en dos componentes básicos: el Registro de Personas con Discapacidad y su Sistema Georreferencial. Esa es una tarea que hoy estamos comprometiendo”.

“Debemos tener información mucho más amplia. Hoy sabemos que son aproximadamente 7.7 millones de personas las que tienen algún tipo de discapacidad, pero esto deriva de encuestas realizadas por el INEGI y por entidades públicas, pero no precisamente porque sepamos con la debida precisión quiénes son y dónde están”, precisó.

El Primer Mandatario refirió que “la mística de trabajo del Gobierno de la República es escuchar a la sociedad, a las diferentes organizaciones sociales, a los distintos sectores de nuestra sociedad que enfrentan distintas problemáticas, y en donde el Gobierno de la República no quiere tomar definiciones de política pública  por sí solo, sólo por su cuenta, sino hacerlo escuchando, construyendo y enriqueciendo cualquiera que sea las definiciones que están dedicadas a atender los problemas que tienen los distintos sectores de nuestra sociedad”.

Reafirmó también el compromiso del Gobierno de la República de “escuchar a las organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad; que sepan que estaremos muy pendientes de ustedes, que mantendremos este diálogo de forma permanente y continua a través de las dependencias públicas que están constituidas para este propósito”.

“Hagamos esfuerzo compartido, trabajemos juntos, caminemos de la mano y tengamos siempre presente el espíritu que convocó a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: nada de nosotros, sin nosotros. Es con ustedes con quienes seguiremos trabajando”, expresó.

Previamente, el Presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia de instalación del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la que atestiguó la firma de la Carta de Intención que celebran la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

A su vez, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, destacó que el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y la sociedad civil celebran hoy la construcción de un marco jurídico de vanguardia: un marco jurídico que fue propuesta mexicana al mundo, que se suscribió hace 10 años, y que entró en vigor hace ocho.

Dijo que con compromiso político se logró que esta arquitectura jurídica sea vigente “en un esfuerzo que debe de llevarnos a que los derechos sociales sean para todos”.

Precisó que, en educación, salud, vivienda y alimentación, la Constitución no distingue en términos de acceso, por lo que asumió el compromiso con la Convención, con la Constitución, y con el Sistema Nacional para que los derechos sean vigentes para todos. “Eso nos anima hoy”, aseguró.

Asimismo, la Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Mercedes Juan López, aseveró que “con la instalación del Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad se avanza en la atención, promoción y seguimiento del compromiso internacional del Estado mexicano en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“Además, se materializa el compromiso indeclinable que los tres órdenes de Gobierno y los sectores público y privado tienen para generar condiciones de igualdad y de equiparación de oportunidades de la población con discapacidad, con estricto respeto de sus derechos humanos”, subrayó.

Mercedes Juan detalló que durante la Administración del Presidente Peña Nieto se han dado avances importantes en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, como el Manual de Elaboración de Políticas Públicas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, que confiere los nuevos principios constitucionales de los derechos humanos, incluyendo el derecho de las personas con discapacidad.

Dijo también que en el sector laboral se ha avanzado de manera importante en incentivos a las empresas como es el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, con el que se ha galardonado, en estos tres años, a mil 230 empresas. Mencionó también que se ha continuado la red Nacional de Vinculación Laboral para promover y difundir la inclusión laboral beneficiando a más de 10 mil personas.

En materia de educación, destacó las adecuaciones en más de cinco mil planteles educativos, así como la creación de Centros de Estudiantes con Discapacidad: “son ya más de 200 en las 32 entidades federativas que atienden a 500 mil estudiantes”, indicó.

Por su parte, Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, afirmó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una de las mejores contribuciones que México ha dado al mundo en los últimos años, ya que fue nuestro país el que propuso por primera vez avanzar en la redacción de un documento internacional vinculante que reconociera los derechos de las personas con discapacidad.

Consideró que dicho instrumento es “el primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI. Es un documento de vanguardia que fue posible concretar en un tiempo muy razonable, gracias a la labor decidida de nuestra diplomacia y del esfuerzo del Estado mexicano”.

Informó que la Convención dignifica a alrededor del 10 por ciento de la población mundial como sujetos de derechos, prohíbe todo tipo de discriminación y, particularmente, obliga a los Estados a cambiar al enfoque asistencialista y basado en el modelo médico, con el que tradicionalmente se había tratado a las personas con discapacidad, por un modelo social, donde se traslada la idea de discapacidad de la persona a las barreras que enfrenta y que impiden su plena y efectiva inclusión.

Luego de señalar que “la discapacidad no es una tragedia, la verdadera tragedia es la discriminación”, dijo que la esencia de la Convención parte del principio de que las personas con discapacidad no necesitan compasión ni caridad, sino diseños universales, ajustes razonables y reconocimiento de su personalidad jurídica para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos y libertades fundamentales.

Expuso la necesidad de brindar a ese instrumento un impulso renovador que lleve a garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida nacional, tales como el transporte, la infraestructura urbana, la arquitectura, los sistemas de información, la tecnología y las comunicaciones, así como el pleno reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad.

Por último, Santiago Velázquez, Presidente de Fundación Vida Independiente para Personas con Discapacidad, explicó que durante 30 años han luchado sin parar, “tratando de conseguir el propósito de hacer visibles nuestros retos y nuestros derechos, que van desde la atención adecuada en los espacios de salud para rehabilitación, para educación, y hasta, en momentos, la exigencia de espacios en la inclusión de trabajo, en el transporte, en todas las opciones de participación política y de representación popular, con una visión clara de reivindicación a nuestra dignidad y a la capacidad para forjar nuestro propio proyecto de vida”.

Expresó que el 80 por ciento de las 7.6 millones de personas con discapacidad en México “podemos ser perfectamente productivos”.

O sea, añadió, “más de cinco millones podemos estar trabajando, podemos estar pagando impuestos; y un millón y fracción, que yo sé que no lo van a poder hacer por sus discapacidades múltiples o por sus discapacidades intelectuales muy severas, ellos tienen que recibir los beneficios, los presupuestos; pero estos cinco millones tenemos que estar trabajando y defendiendo nuestros propios derechos”.