Por: Redacción/

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), pidió a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a agilizar sus mecanismo de investigación para que las empresas farmacéuticas que incurran en hechos de corrupción, no sean consideradas dentro de las futuras compras del sector público.

Expuso que tanto las compañías farmacéuticas como las comercializadoras y distribuidoras de medicamentos, se han visto envueltas en delitos de soborno, omisión de datos, sobre precios, prácticas monopólicas, entre otras, que terminan afectando al consumidor final en la cadena de ventas del sector salud, “por lo general, la población de escasos recursos”.

En un comunicado, refirió varios casos en los que las farmacéuticas fueron sancionadas por distintos países debido a prácticas de competencia desleal como que en 2007 el Tribunal de la Competencia de España, multó a las empresas Nestlé, Novartis, Alter Farmacia y Laboratorios Ordesa por acordar la fijación del precios de venta al público; en 2011, Johnson & Johnson fue sancionada por Departamento de Justicia Europeo y la SEC (Securities and Exchange Commission) por sobornos a funcionarios de Estado en Grecia, Polonia y Rumania.

Asimismo, en 2015, GlaxoSmithKline (GSK) y Sanofi fueron sancionadas por la Comisión de Competencia de la India (CCI) por haber manipulado una licitación del gobierno para la provisión de vacunas contra la meningitis, y lo mismo ocurrió en México en 2010, cuando la Cofese impuso una multa de 150 millones de pesos a seis empresas farmacéuticas por colusión entre competidores de las licitaciones.

Recordó que también, a principios de 2018, la Cofece declaró que tenían indicios para suponer la existencia de concentraciones ilícitas entre empresas en el mercado de la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, higiene y belleza personal las cuales establecieron barreras para impedir el acceso al mercado o a insumos esenciales de otros competidores.

“Casos así se repiten constantemente, el ejercicio de las malas prácticas no puede consentirse, es bueno que la SHCP denuncie a 10 empresas distribuidoras de medicamentos que concentraron el 79.6 por ciento de la participación en las compras para el sector salud en México” expresó.

El diputado de Morena comentó que las compras consolidadas previstas en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cumplen con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía, que coinciden con la Cofece en que éste esquema permite que el gobierno tenga un mejor control sobre los precios ocasionando que las empresas oferten medicamentos a precios más competitivos.

Sin embargo, señaló que es indispensable tomar en cuenta otros mecanismos contemplados por la Ley de Adquisiciones, analizando cada caso en particular, con el fin de que se optimice el uso de los recursos públicos sin detrimento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos.

Ramírez Cuéllar recomendó a la Cofece incorporar principios de competencia en el diseño de las licitaciones, para que, vía compras consolidadas, se combata la corrupción en las compras de bienes y servicios a través de las licitaciones y que apresure sus mecanismos de investigación para que las empresas que incurran en hechos de corrupción no sean consideradas dentro de las futuras compras del sector público.

Por otra parte, solicitó a la Secretaría de la Función Pública, se finquen responsabilidades a los funcionarios que incurrieron en actos de corrupción en la compra de medicamentos y dijo que en este gobierno se tomarán en cuenta las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de reducir la opacidad y dar pie a un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, invitó a las entidades federativas, a transparentar sus procesos de contratación.