Por: Redacción/

A la Tercera Comisión de la Permanente fue enviada, para su dictaminación, la propuesta del senador Jorge Carlos Ramírez Marín en la que solicita se informe sobre el monto y destino de los bienes asegurados y/o decomisados de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el “Chapo”, cuyo proceso penal se lleva a cabo en Estados Unidos, luego de su extradición en 2017.

La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, deberán informar también sobre cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades muebles e inmuebles, tanto en México como en el extranjero del señalado, se dice en el punto de acuerdo.

El senador priista destaca que la Fiscalía de Nueva York, que lleva el caso, pretende confiscar alrededor de 14 mil millones de dólares, equivalente a la ganancia estimada que habría obtenido al frente del Cartel de Sinaloa.

Tras la recaptura del “Chapo” Guzmán, en 2014, agregó Ramírez Marín, el entonces Procurador General de la República informó que le fueron decomisados 97 armas largas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, cuyo valor se estimó superaba los 22 millones de pesos.

Además, casas y ranchos, entre otros inmuebles como terrenos, huertas, establos, bodegas, haciendas, restaurantes, gasolineras, departamentos, aeronaves y casas de descanso. El valor de lo anterior superaría los 160 millones de pesos.

Dos años después, se afirma, en 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que durante la administración federal -anterior- se detectaron operaciones por cinco mil 300 millones de pesos, vinculados a la organización criminal del “Chapo”.

El documento señala, además, que fueron decomisadas 71 propiedades en Sinaloa, 40 en Sonora, 22 en Jalisco y 12 en la Ciudad de México. Tres en Nayarit y dos en Baja California, Chiapas, Guerrero y Nuevo León, respectivamente, y una en cada uno de los siguientes estados: Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

Igualmente se informó de una propiedad cuya ubicación aparece como “no identificada” y dos domicilios en Estados Unidos.

En este contexto, Ramírez Marín precisa que, de acuerdo con las leyes mexicanas, los bienes asegurados y/o decomisados producto y objeto de un delito del orden federal, deben sujetarse a lo que señala el Código Penal Federal, sobre el decomiso de bienes productos del delito. Así como por lo dispuesto en las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

“Queda claro que los bienes decomisados y/o asegurados al Chapo, debieron haber quedado en posesión y administración de las autoridades federales competentes”, expresa.

El monto y destino de dichos bienes por parte de la Administración Pública Federal no son claros, subrayó. No se tiene un informe final que lo que el Estado mexicano puede recuperar, fruto de la vida delictiva de Guzmán Loera hasta su detención, “el narcotraficante más poderoso del mundo”.