Por: Redacción/
El Senado de la República aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Cámara de Diputados realicen acciones para proteger los derechos de las personas que integran las caravanas migrantes, y en especial los de las mujeres, niñas y niños.
La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, leyó el documento que contiene los siguientes exhortos a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración:
Garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales, de los migrantes retenidos el 25 de noviembre luego del altercado con Autoridades norteamericanas, así como los derechos del resto de migrantes en territorio nacional, sin distinción de su situación migratoria o nacionalidad.
Asumir una política humanitaria, procurando que los casos de migrantes sujetos a proceso de deportación, después de los sucesos referidos en la frontera norte, se revisen de forma exhaustiva y casuística, para evitar violaciones al derecho humanitario y al principio elemental de justicia.
Concebir la deportación como último recurso, sin generalizaciones xenofóbicas, ni ceder a presiones del gobierno estadounidense.
Combatir el discurso discriminatorio y xenofóbico en diversos sectores de la opinión pública, además de abordafr el fenómeno como consecuencia de un modelo económico global que ha agravado la desigualdad entre los países subdesarrollados y las potencias mundiales, lo que se resolverá con el combate a la pobreza.
Que el Gobierno de la República conforme un fideicomiso de alerta humanitaria, destinado a los municipios fronterizos donde ha llegado la caravana para el acondicionamiento de inmuebles de alojamiento, donde estas personas puedan ser tratadas bajo los estándares internacionales de refugiadas.
El documento solicita, además, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados otorgar el mayor apoyo y evitar el uso político de la situación, priorizando el respeto a las leyes mexicanas.
A la Cámara de Diputados le pide considerar partidas extraordinarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, para que el estado de Baja California pueda atender la crisis humanitaria.
Los legisladores acordaron solicitar al gobierno de Estados Unidos que en las acciones de la Patrulla Fronteriza se respeten los derechos humanos de las y los migrantes, mientras que a las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador se les conmina a desarrollar políticas y mecanismos de coordinación para atender las causas que obligan a que miles de personas migren, y/o que se les brinde información sobre los riesgos que corren al hacerlo irregularmente.
Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se manifestó a favor de que las autoridades norteamericanas actúen de forma prudente, sensata y apegados al respeto a los derechos humanos, exhortó también a los migrantes a ceñirse a las leyes mexicanas.
La senadora de Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, calificó de tardía la respuesta del actual Gobierno Federal y reforzó la petición para que se destinen recursos extra a su estado.
En su participación, Bertha Caraveo Camarena, de Morena, se pronunció por llevar a cabo acciones que eviten futuras confrontaciones, reconociendo la vulnerabilidad de los migrantes frente a la patrulla fronteriza.
Por último, Alejandra León Gastelum, del PT, sugirió que el recurso destinado a las localidades de la frontera sea administrado por el gobierno federal entrante.
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