Por: Redacción

Los senadores Carlos Alberto Puente Salas y Cristina Díaz Salazar, de los grupos parlamentarios del PVEM y PRI, respectivamente, propusieron reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para regular la clasificación de los videojuegos.

El senador Puente Salas señaló que no existe un marco regulatorio que establezca un control para que niños y adolescentes accedan a los videojuegos; consideró necesaria una regulación pues muchos tienen contenidos violentos, que en ocasiones se combinan con situaciones de discriminación sexual y racial, tortura o xenofobia, violencia, entre otros.

Los videojuegos ofrecen la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores, que en un contexto real no serían ni siquiera cuestionados, agregó.

El senador del PVEM advirtió que un estudio realizado por la Universidad de Missouri concluyó que los efectos de los videojuegos violentos eran más dañinos que las películas y programas de televisión violentos, ya que los videojuegos son interactivos y requieren que el jugador se identifique con el agresor.

El proyecto de decreto pretende resolver el problema de acceso sin regulación, por parte de niñas, niños y adolescentes a videojuegos de todo tipo y brindar una protección especial y prioritaria a ese grupo social.

Se prevé otorgar facultades a la Secretaría de Gobernación (Segob) para expedir lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio; así como para vigilar su cumplimiento.

Además, establece que los distribuidores de videojuegos impriman o adhieran en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Segob y que los comercializadores de videojuegos se abstengan de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible de acuerdo a los lineamientos.

Por otro lado, los comercializadores y arrendadores de videojuegos estarán obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta.

La iniciativa, también propone que los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, que incumplan con las obligaciones establecidas en la ley y en los lineamientos que expida la dependencia federal serán sancionados en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los cambios a la ley propuestos, añadió el legislador, son consistentes con los derechos de la sociedad, desde la óptica de las personas que acceden a los videojuegos; como desde el ámbito de los particulares que se dedican a esta actividad comercial; al proteger la salud mental de los primeros, evitar la apología del delito y proteger la libertad de expresión.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo y 151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación de videojuegos, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.