Por. Redacción/

Jesús Sesma Suárez y otros legisladores del PVEM impulsan una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, que garantice un salario mínimo suficiente para satisfacer las necesidades esenciales del trabajador y su familia, en el orden material, alimenticio, de salud, de vivienda, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de sus hijos.

El legislador indicó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado a México como un país en donde el salario mínimo ha caído significativamente sin recuperación durante la última década; en términos reales el salario mínimo ha disminuido 43 por ciento desde 1990 a la fecha en México.

Durante los pasados 10 años, resaltó, los salarios mínimos se han incrementado de forma real en países como Argentina, Brasil y Ecuador sin afectar negativamente el empleo o la formalidad, mientras que en otros países como México y Jamaica se han registrado descensos.

“Aunque es obligado aclarar que si bien en la Zona A del país (que incluía a Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México) el salario mínimo registró un aumento nominal de casi 36 por ciento entre 2004 y 2014, al inicio de la década eran necesarios dos salarios mínimos para adquirir una canasta básica y actualmente son necesarios 2.8 salarios mínimos”, señaló.

De acuerdo con el Informe Global de Salarios 2016-2017 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los ingresos laborales de los mexicanos disminuyeron hasta 40 por ciento, mientras que en otros países como en China, crecieron hasta en 60 por ciento. “Esas cifras puntualizan que la decadencia de los salarios en México comenzó desde 2008 y en 2015 se estabilizó levemente para continuar a la baja en los años posteriores”.

Sesma Suárez comentó que uno de los principales argumentos de los analistas que apoyan el aumento del salario mínimo es que reduciría la pobreza y la desigualdad de ingresos, mientras que otros expertos y políticos indican que aumentar el salario no logrará combatir la pobreza y causará problemas en el marco regulatorio e inflacionario.

Sin embargo, añadió, la reforma a la Constitución Política sobre la desindexación del salario mínimo aprobada por el Congreso de la Unión en 2015 y publicada en enero de 2016, “rompe una de las principales ataduras que habían impedido que el salario mínimo diera pleno cumplimiento a la disposición constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, así como para proveer la educación obligatoria de los hijos”.

Por ello, dijo, “ya no será posible señalar pretextos para lograr que el salario aumente y con ello mejore el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Se pronunció por garantizar un salario que satisfaga la línea de bienestar marcada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y urgir a que la autoridad desarrolle acciones que beneficien claramente el ingreso de los trabajadores.

La iniciativa, remitida a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, modifica los artículos 25, 82, 84 y 90 de dicha norma.