• Con dicha reforma se pretende frenar el condicionamiento o sujeción de términos o plazos de vigencia del saldo adquirido mediante recargas.

Por: Redacción/

La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) propuso reformar el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de terminar con los abusos que se cometen contra los consumidores de telefonía celular en el país, que en la actualidad suman 88.2 millones de personas,

Con dicha reforma se pretende frenar el condicionamiento o sujeción de términos o plazos de vigencia del saldo adquirido mediante recargas, se informó en un comunicado.

La iniciativa expone que lo anterior es un exceso contra el usuario y la economía familiar, “porque si alguna persona hace una recarga de saldo a su línea telefónica para poder acceder al servicio, dicha recarga está sujeta a un plazo de vigencia o expiración determinado”.

Es decir que “si al final de este plazo el usuario no utilizó el total del saldo disponible, éste queda almacenado, pero no lo podemos usar y sólo se reactiva hasta que se haga una nueva recarga”, explicó la diputada.

Esta disposición condiciona el disfrute de los saldos, el aprovechamiento del servicio adquirido y el goce de nuestro dinero. “Eso no es correcto y no puede seguirse tolerando porque atenta contra el cliente de este imprescindible y valioso servicio”.

En la exposición de motivos, la legisladora destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, el número de líneas de telefonía móvil registradas durante el año 2020 fue de 86.5 millones, pero después de la pandemia la cifra se disparó a 88.2 millones y se estima que para el año 2024, habrá 92 millones.

Respecto a la forma de adquirir el servicio, la iniciativa señaló que, de acuerdo con información oficial, el 81.8 por ciento de los usuarios en el país, acceden al servicio bajo la modalidad de prepago, la mayoría en los montos más bajos, y el 18.2 mediante postpago.

Corona Nakamura insistió que la venta de recargas es un negocio redondo donde todos ganan, menos los consumidores, por lo que “se debe modificar la ley para que, al menos, el saldo que los usuarios adquieren con su dinero, y en ejercicio de su derecho de acceso a la comunicación, no se sujete a vigencia alguna o se condicione su disfrute a una nueva recarga para poder seguir haciendo y recibiendo llamadas”.