Por: Redacción/

La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) exigió al Gobierno Federal un informe puntual del impacto económico, jurídico y ambiental del acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, en vigor desde el 15 de mayo, ya que los cambios planteados frenan proyectos de energías renovables o limpias y ponen en riesgo la llegada de nuevas inversiones.

“El acuerdo no se sometió a un proceso de mejora regulatoria, por lo que se requiere otorgar certeza jurídica, a fin de no afectar las inversiones y se multipliquen las barreras a proyectos de energías renovables o limpias, que son inagotables y crecientemente competitivas, debido a que no producen gases de efecto invernadero, ni emisiones contaminantes”, destacó en un comunicado.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) deberá entregar el informe pormenorizado en cuestión; y los titulares de las Secretarías de la Función Pública, de Economía, de Gobernación y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el Acuerdo del Sistema Eléctrico Nacional.

Asimismo, que la Comisión Federal de Competencia Económica (CFE), responsable de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, emita su opinión, para determinar si dicho acuerdo viola o no lo establecido en el artículo 4º de la Ley de la Industria Eléctrica, que expresamente establece: “la generación, junto con la comercialización de energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia”.

La legisladora manifestó que la postura oficial para aplicar nuevas reglas, es que durante el tiempo de contingencia por Covid-19, las fallas en la red eléctrica y la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

En la práctica, explicó la integrante de la Comisión de Energía, lo que se ha hecho es limitar la emisión de permisos para plantas eólicas o solares, prohibir la construcción de nuevos proyectos y suspender las pruebas preoperativas de centrales eléctricas intermitentes solares, eólicas y fotovoltaicas.

Con base a otras decisiones tomadas en materia energética, se demuestra que la CFE se ha visto beneficiada para actuar en una perspectiva contraria a la apertura del sector privado y a la competencia económica.

Pérez Munguía citó el caso de los Certificados de Energías Limpias, que un día decidieron modificar la forma de otorgarlos y provocaron pérdidas económicas a los suministrados que previamente habían adquiridos dichos recibos, al registrar una baja en el mercado como consecuencia de la sobreoferta. Este tipo de políticas destruyen el propósito que incentiva la inversión.

Modificar la regulación sin certezas puede desplazar de manera indebida a agentes económicos competidores, impedir sustancialmente su acceso al mercado eléctrico mayorista y establecer ventajas exclusivas en favor de la CFE, concluyó la diputada por Tabasco.