Por: Redacción/
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General que se someterá al pleno no garantiza una Fiscalía General independiente, autónoma y apartidista, y lo calificó de ser una simulación y un engaño más a los ciudadanos.
En conferencia de prensa, acompañado por las senadoras y los senadores del PAN, el coordinador Damián Zepeda Vidales indicó que no hay manera de que esa Fiscalía General sea autónoma e independiente si no se lleva a cabo una reforma constitucional que dé las herramientas para garantizarlo.
“De manera muy concreta se los decimos: ¿cómo va a ser autónomo un ente cuyo nombramiento tiene la intervención de parte del Ejecutivo; pero no sólo eso, sino que quien es Fiscal General siempre está bajo la amenaza de ser removido libre y arbitrariamente por parte del titular del Ejecutivo? Eso no es autonomía”, subrayó.
Y cuestionó: ¿Cómo va a haber autonomía si los fiscales especiales los pone directamente el Fiscal General y los puede quitar libremente? ¿Cómo va haber autonomía si el presupuesto, los recursos materiales, financieros, el apoyo de servicios periciales, de policías de esas fiscalías están supeditadas a lo que diga el fiscal general?
Con este dictamen que Morena votó a favor ayer en comisiones, se está garantizado que, de así quererlo como lo ha manifestado el próximo Presidente de la República, se tenga en México un fiscal carnal, lamentó, y afirmó que el PAN dice no de manera contundente a esta simulación.
“Nosotros no nos vamos a prestar a ello. Esto que están queriendo aprobar, digan lo que digan, no es una Fiscalía General autónoma, independiente, y nosotros en el Partido Acción Nacional vamos por una verdadera Fiscalía autónoma, independiente, que se ponga en servicio para todos los mexicanos”, sostuvo.
Zepeda Vidales insistió en que el PAN seguirá impulsando que México cuente con un fiscal general autónomo e independiente, que pueda tener completa libertad para llevar a cabo la procuración de justicia de manera adecuada.
“Ayer votamos en contra en comisiones y votaremos en contra en el pleno, porque no hay ninguna posibilidad de que con este dictamen, digan lo que digan, se garantice la autonomía y la independencia de la Fiscalía”, abundó.
Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que es fundamental contar con un fiscal general autónomo, apartidista e independiente y esto no se logra de ninguna manera con la iniciativa que el grupo parlamentario de Morena está apoyando.
“Estuvimos insistiendo en la necesidad de contar con esta reforma constitucional y se argumentan circunstancias de tiempo y de urgencia. Creemos que el grupo parlamentario de Morena tiene las mayorías tanto en Cámara de Diputados y de Senadores para sacar esta reforma constitucional, en la que además estaríamos participando algunos otros grupos de oposición, como es el caso de Acción Nacional”, señaló.
Sin embargo, lamentó, lo que no hay es voluntad política, se opta por una ley ordinaria a través de la cual no se avanza en la obtención de un fiscal autónomo e independiente.
“Finalmente el Fiscal General de la República que se designe puede ser una persona de un partido político que participó en campañas y, lo que es más grave, seguirá siendo empleado del Presidente de la República. Podrá ser removido, en realidad se habla de causas graves sin que se designe qué significan”, alertó.
En su turno, el senador Gustavo Madero Muñoz lamentó que organizaciones como “Fiscalía que sirva” y “Vamos por más” haya avalado el dictamen en comisiones.
“Se pandearon, aquí avalaron y legitimaron, dándole plazos de gracia, cuando antes eran la vanguardia de la defensa, de la expresión, de la indignación. Hoy la complacencia me preocupa, me alarma, porque en el contexto de lo que estamos viviendo, de la conformación de una nueva hegemonía lo que más requerimos es ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, oposición de pesos y contrapesos. Aquí esta batalla no la dieron”, dijo.
A pregunta expresa de los medios, los senadores del PAN rechazaron también la nueva consulta que anunció el presidente electo sobre el Tren Maya y algunos de los programas sociales que impulsará en su gobierno.
“Están queriendo establecer un modelo de engaño, de manipulación política a los ciudadanos, ese es el tema de fondo”, afirmó el coordinador Damián Zepeda.
Usar las consultas públicas para manipular y para validar decisiones ya tomadas es lo que está poniendo en riesgo la vida política del país, indicó.
“Y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y además con un cinismo total, porque anuncian que ya no lo vuelven a hacer cuando pasó todo el escándalo que vimos de carrusel, dobles conteos, en fin, todo el fraude que resultó la consulta del Aeropuerto y luego no pasan ni un par de semanas y ya está otra vez planeando usar el mismo esquema”, acusó.
Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz señaló que México firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al gobierno y a cualquier empresa privada que busque hacer una obra de infraestructura sobre tierras y territorios indígenas, a llevar a cabo una consulta libre, previa e informada, “no patito”.
Para ello, sostuvo, se requiere conocer la totalidad del proyecto ejecutivo, saber los derechos de vía, las zonas donde se ubicarán las terminales, el impacto ambiental que se tendrá en las reservas naturales, y cuáles son los beneficios económicos para las comunidades indígenas con este proyecto.
Eso se tiene que cumplir, porque una consulta para un proyecto de este tipo está regida por instrumentos internacionales, indicó Gálvez Ruiz.
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