Por: Redacción/

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa para que, por ley, se hagan exámenes genéticos a personas fallecidas que no sean identificadas ni reclamadas, antes de ser inhumadas, incineradas, desintegradas o enviadas a la fosa común, con el fin de obtener información para su reconocimiento.

Asimismo, propusieron homologar el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de incluir en los procedimientos de actuación e identificación forense el perfil genético, la identificación deontológica, dactiloscópica a través de la media filiación y la fotografía forense.

Con esta propuesta, continuaron, se pretende que las autoridades de los servicios forenses de todos los estados de la República cuenten con la información necesaria que permita la plena identificación de las personas fallecidas y que los datos obtenidos se ingresen al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas.

De esta manera, agregaron los senadores panistas, “cuando alguien reporte como desaparecido a un familiar, tendrá la certeza de que sí ingresó a un servicio forense, existe información científica para poder cotejar el lazo consanguíneo y así permitir su identificación”.

Derivado del incremento considerable de la violencia en nuestro país, en los últimos años se han enviado una gran cantidad de cadáveres a la fosa común, al no ser reclamados por sus familiares ni contar con elementos para ser reconocidos, destacaron.

A lo anterior, agregaron, se suma que en muchos casos los deudos viven en un estado distinto al lugar del deceso de su ser querido, por lo que la única manera de buscarlo es a través de este registro nacional, el cual debe estar permanentemente actualizado por las autoridades forenses de cada entidad.

El problema se acentúa con la migración interna y el desplazamiento forzado al que están sujetos cientos de miles de personas por la violencia criminal, además de que a la región fronteriza del norte de México llegan migrantes centroamericanos que huyen de la situación en sus países de origen, apuntaron.

Un ejemplo de ello, sostuvieron, es Baja California, estado en el cual mil 200 cuerpos fueron enviados a la fosa común en 2017; también indicaron que la Secretaría de Gobernación reportó en el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas un acumulado de 30 mil 499 personas en esa condición, tanto del fuero común como del federal.

Con esta iniciativa que reforma el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, también se promueve el reconocimiento de los derechos humanos post mortem, indicaron.

Asimismo, con las modificaciones propuestas se pretende armonizar ambos dispositivos legales, toda vez que el código prevé que cuando no se reconozca la identidad de una persona fallecida se deben realizar “peritajes idóneos”, sin precisar que se trata de elaborar un perfil genético, lo cual sí está establecido en la otra legislación aplicable.

La iniciativa fue suscrita por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Ernesto Ruffo Appel y Juan Carlos Romero Hicks.