Por: Redacción

La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (Movimiento Ciudadano) impulsa una iniciativa para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda controlar los precios máximos del gas Licuado de Petróleo (LP), cuando pongan en riesgo la economía familiar o el costo del kilogramo del producto sea superior al 20 por ciento del salario mínimo vigente.

La propuesta de la legisladora plantea reformar el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, con el fin de aminorar los efectos del comportamiento del mercado del gas LP, el cual presenta una afectación a las finanzas de las familias.

Apuntó que México cuenta con 2 mil 789 estaciones de gas LP para carburación, que atienden a 221 mil vehículos; además, este combustible es utilizado por 80 por ciento de la población para satisfacer sus necesidades energéticas, es decir, siete de cada 10 hogares utilizan este producto.

Agregó que las viviendas tienen un consumo de 64 kilogramos per cápita y el gasto promedio mensual es de más de un 5 por ciento del ingreso familiar. Esto convierte a México en uno de los principales consumidores de este hidrocarburo en el mundo, afirmó.

Detalló que de este combustible dependen actividades como la industria, la movilidad, la electricidad y una gran cantidad de actividades domésticas. Por ello, “el tener gas a precios acordes a las condiciones económicas de la nación es un imperativo de desarrollo”, señaló.

Subrayó que el aumento al precio del gas impacta no sólo a las familias, sino también a la cadena de valor de la industria, pues el 60 por ciento de las empresas del sector servicios lo utilizan como insumo.

Ante este panorama, Ochoa Ávalos consideró que se requiere establecer controles sobre el precio del gas LP en función del salario mínimo vigente en el país, a fin de proteger las finanzas de las familias mexicanas y a las cadenas de valor.

Refirió que actualmente existe la posibilidad de establecer controles de precios en el mercado de gas LP si las condiciones de competencia no son óptimas; sin embargo, estimó, es insuficiente, ya que el impacto que este combustible tiene en los hogares mexicanos puede llegar a amenazar la economía familiar.

Advirtió que el alza de este energético disminuye el ritmo y dinámica de la economía del país, ya que baja la demanda de productos básicos, aumenta los precios de los productos y servicios y, en casos extremos, podría presionar a las pequeñas y medianas empresas hacia el cierre, lo que redundaría en pérdidas de empleos.