Por: Redacción/
En México, uno de los problemas más graves, después de la inseguridad, es la corrupción, la cual representa anualmente, aproximadamente, 347 millones de pesos, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Sasil de León Villard, al proponer una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La senadora Chiapaneca indicó que, según Transparencia Internacional, 7 de cada 10 mexicanos considerarán a la corrupción como una de las principales dificultades que detiene el progreso del país.
Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que la corrupción mexicana equivale a dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Mundial calcula que representa hasta nueve por ciento del PIB, precisa que de cada 100 pesos que se producen nueve se destinan a la corrupción, expuso.
De León Villard señaló que entre los actos mas frecuentes de corrupción destacan las observaciones de compras a sobrecostos, derivadas de recursos provenientes del Ramo 23, donde se documentan casos de daños al erario hasta por 6 mil 500 millones de pesos, derivado de este modus operandi, cuya asignación en el sexenio pasado quedó completamente a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante este panorama, la senadora del PES propuso obligar a presentar su declaración patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de control, a servidores públicos y personas morales que contraten mediante recursos federales, servicios y obra pública con los entes públicos de la Federación, Entidades Federativas o municipio, en términos de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Obras Públicas y de Asociaciones Público Privadas.
Debe establecerse, añadió, que servidores públicos y personas morales que contraten a través de recursos federales, servicios y obra pública con los entes públicos de la Federación, Entidades Federativas o municipios, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia
La legisladora de Encuentro Social destacó que el proyecto pretende que el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emita los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de particulares, garantizando que la información solicitada se limite a los recursos públicos que reciban o ejerzan y sus relaciones contractuales con entes públicos.
La iniciativa que reforma la fracción VIII del artículo 3; que adiciona una fracción III, para pasar la vigente III como IV del artículo 4; así como el 27, en su párrafo tercero; 30, 32, con la adición de los incisos a), b) y c); y agrega las fracciones IV y V, del artículo 33, y el párrafo primero del artículo 46, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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